Desde el pasado siglo, los gobernantes de los Estados Unidos emplean una política de sanciones contra países que no son de su agrado, dejando a un lado las normas establecidas por la Organización de Naciones Unidas y múltiples convenciones que rigen las relaciones multilaterales.

Como dueños y señores del mundo, pretenden presionar e influir en la conducta de todos los que no acepten sus normas y pongan en peligro la subordinación de otros países, por eso han construido una estrategia para sancionar individuos, personas jurídicas, gobiernos extranjeros y organismos internacionales, a fin de recordarles a todos, lo que pueden sufrir si desobedecen sus reglas.

Esa ilegal diplomacia de la coerción, la llevan a cabo mediante la fiscalización y persecución de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, dependencia del Departamento del Tesoro que recibe un alto presupuesto para perseguir aquellos países, organizaciones y personas incluidos en sus listas negras.

Desde 1962, fecha oficial del inicio de la guerra económica, comercial y financiera contra Cuba, la OFAC fue designada para controlar las sanciones administrativas impuestas por el gobierno yanqui contra otros estados.

Para justificar las sanciones contra quienes no actúen bajo sus normas, Estados Unidos utiliza pretextos fabricados, entre ellos la proliferación de armas de destrucción masiva, los derechos humanos, ataques informáticos a la Ciber-seguridad y el apoyo al terrorismo, cuando el mundo sabe perfectamente que los yanquis son los principales fabricantes de esas armas, usan la informática para espiar y dañar industrias, patrocinan el terrorismo internacional y tienen el mayor mercado interno de las drogas, sin que nunca se hable de las mafias que lo administran en ese país.

Es amplio el expediente de su conformación de organizaciones terroristas preparadas por la CIA contra Cuba, entre ellas Alfa 66, CORU y muchas más, que ejecutaron planes de terrorismo y asesinatos a líderes, todos aprobados al más alto nivel gubernamental.

El escándalo del Irán-Contra en su guerra sucia para acabar con el sandinismo en Nicaragua, los golpes militares que derrocaron gobiernos nacionalistas en muchas naciones, la creación y financiamiento de organizaciones contrarrevolucionarias en Cuba, Nicaragua, Angola, Venezuela, Siria, Yemen y decenas de países, son pruebas irrefutables del accionar de Estados Unidos en el fomento del terrorismo de estado, avalado por documentos secretos de la CIA.

Washington se arroga el derecho de sancionar a diestra y siniestra a otros, arrastrando de forma vergonzosa a sus aliados europeos, que obedecen como ovejas al amo.

Las sanciones económicas, comerciales y financieras son el arma principal empleada para torcerle el brazo a quienes no se arrodillen a sus pies, para lo cual establecen dos grupos: sanciones generales y las específicas, siendo la OFAC la encargada de administrar el programa de tales castigos, diseñados acorde a la política exterior aprobada y sus objetivos de Seguridad Nacional.

Con esa autoridad otorgada, la OFAC tiene destinado un grupo de especialistas para controlar las transacciones financieras de los países en su lista negra, congelan activos bajo la jurisdicción yanqui e impiden cualquier negociación para ahogar a las naciones sancionadas.

Las sanciones generales prohíben la realización de cualquier importación, exportación, financiación, comercialización de productos o servicios, todo tipo de transacción entre el país sancionado y estadounidenses, salvo que la operación cuente con licencia o autorización de la OFAC. Cuba, la República Islámica de Irán y Corea del Norte están incluidos en este grupo, lo que demuestra el carácter político de las mismas, por no aceptar las presiones yanquis.

Respecto a las sanciones específicas, no contemplan una prohibición general, solo restringen la ejecución de ciertas operaciones con un país. En este grupo están Venezuela y Nicaragua, ambas vetadas para explotar y comercializar petróleo proveniente de determinados países, transacciones u operaciones para financiamiento de alguna entidad estadounidense o de sus ciudadanos, especialmente con títulos de PDVSA, o por parte de cualquier entidad estatal, lo que expone el carácter criminal de las medidas para estrangular sus economías y fomentar el resentimiento del pueblo contra sus gobernantes, debido a las penurias ocasionadas.

Este grupo también sanciona a personas que contribuyan o reciban bienes y/o servicios en beneficio de las personas cuyos bienes o intereses están bloqueados por Estados Unidos, a los que además se les prohíbe su entrada en ese país.

El caso de Cuba es un ejemplo del ensañamiento por haber defendido su soberanía, un sistema socialista y resistir durante 62 años la más terrible y permanente guerra económica, comercial y financiera de la historia. A pesar del rechazo de la casi totalidad de los estados del mundo, los yanquis la refuerzan sistemáticamente, con el sueño de matar por hambre y enfermedades a todo un pueblo que resiste estoicamente esa inhumana política.

Barack Obama, a pesar de haber desplegado una política de “buen vecino” y restablecer las relaciones diplomáticas, entre los años 2009 y el 2016, aplicó 52 multas, fundamentalmente a la banca extranjera por violar los regímenes de sanciones contra Cuba y otros países, por un monto ascendente a 14 mil 404 millones 358 mil 605 dólares.

Informaciones oficiales del gobierno cubano afirman que, de enero de 2009 hasta junio de 2014, la administración de Barack Obama había obligado a 36 entidades estadounidenses y extranjeras a pagar casi 2,6 miles de millones de dólares por relacionarse con Cuba y otros países sancionados.

En los últimos años Rusia y China también han sufrido sanciones de Estados Unidos, que pretenden minar su desarrollo económico y evitar la competencia comercial bajo diferentes justificaciones, todas de carácter político, siendo la administración demócrata de Obama la que arreció tales medidas, al igual que hizo contra Venezuela al firmar en diciembre del 2014 fuertes sanciones, entre ellas la congelación de activos y la prohibición de visados para funcionarios venezolanos acusados de “violar” los derechos humanos.

Un año más tarde, Obama declaró, bajo la orden ejecutiva 13692, la “emergencia nacional”, debido al “riesgo extraordinario” que suponía la situación en Venezuela para la seguridad estadounidense, aún vigente en el 2021.

Estados Unidos reforzó su guerra de sanciones al incluir recientemente a 34 compañías por nexos con China, Irán y Rusia. En el caso de China, pasó de 31 a 59 empresas acusadas de apoyar el complejo militar y de seguridad china.

Al verse frustrados por no poder arrodillar a China, la administración del presidente Joe Biden, propuso a sus aliados europeos y de otros continentes, boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno, previstos para el año próximo en Pekín, medida apoyada por el parlamento británico.

La guerra fría vive con mayor fuerza que nunca, lo que produce un enfrentamiento que solo afecta a millones de seres humanos, incluido el pueblo estadounidense, por no reconocer el derecho de otras naciones a escoger su destino.

No se equivocó José Martí al afirmar:

“Alzar la frente es mucho más hermoso que bajarla”

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