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Por: Javier López Fernández

Para un simple mortal, afanosamente imbuido en los acontecimientos de estos tiempos, la percepción que se tiene de “la polémica y el disenso” resulta clave para entender una práctica global peligrosa y en crecimiento. Ello se debe a “los tonos” que pueden adquirir las relaciones de confrontación entre los sujetos y el Estado, incluso dentro de una misma línea de pensamiento. 

Sucede que hoy, más que en tiempos anteriores, las posibilidades de internalizar opiniones en tiempo real, mediante la interacción en las redes sociales y las plataformas de infocomunicación, de alguna manera ha embalado el “discurso de régimen” en los cajones de la Historia. Sin más, las oportunidades de participación (responsable o no) en el destino de grandes grupos no se limita al plano de las pretensiones, también es fáctica y potencialmente posible. A tales magnitudes ha llegado el fenómeno del consenso que pudiera lograrse en parlamentos, asambleas o congresos, a través de enmiendas o leyes refrendadas constitucionalmente. Peligra de ser cuestionado más allá del desencuentro de ideas.

De tal modo, —aupado el disenso entre sentimientos y emociones exacerbadas— los individuos pueden llegar a manifestarse en la realidad mediante agrupaciones “espontáneas, belicosas, airadas” y hasta “fuera de control”, llámense disturbios, turbas enardecidas, “marchas pacíficas” y hasta revoluciones sociales. Quién sabe qué otras cosas estarían por escucharse si el fenómeno se va de control totalmente. Cabe preguntarse entonces: ¿Por qué el asunto preocupa y va más allá de una simple “revolución pintada”? ¿Qué pasaría si en los escenarios de disturbios cayeran en manos de los “disidentes pacíficos” los códigos y seguros de armas nucleares o sustancias potencialmente peligrosa para la humanidad? 

Darles colorido a los cambios violentos de sistemas o procesos sociales, por regla, comienza con nuclear las insatisfacciones o necesidades ajustadas a las condiciones concretas de determinados grupos de intereses, hasta convertirlas en demandas. Saltarse las barreras del liderazgo individual y ofrecer combustible a las masas —de acuerdo a aspiraciones y expectativas políticas, cívicas, económicas, religiosas, ecologistas y culturales o a la combinación de ellas, por solo citar algunas— conforma la trayectoria “natural”, hasta hacerlas visibles mediante mecanismos publicitarios, noticiosos, convertidos en resortes hipermedia, y todo hasta que aparezca el hecho irreversible, el mecanismo de ignición amplificado y no haya vuelta atrás.

Diversas tendencias instauradas en la conciencia social apuntan hacia múltiples formas de sacudir los cimientos de la civilización tal y como la conocemos. Por ejemplo, el activismo, radicalizado a finales de los 80’ del pasado siglo para levantar las postillas al socialismo europeo, puede ser uno de los rostros grotescos del enfrentamiento entre contendientes.

Obvio, convertido por obra y gracia de los teóricos del dolor en “arte para la transformación”. Por su parte, un movimiento ecologista, animalista, LGTBIQ o cualquier otro, puede aparecer como forma espuria de “calentamiento” para una ciudad, país y hasta región. 

Definitivamente, y no clasifica como teoría de la conspiración, promover una especie de caos del orden global se cierne sobre la humanidad. Los efectos de las crisis provocadas por la pandemia han pasado al centro del escenario para catalizarlo. No han sido casuales los constantes ensayos y modelaciones de sucesos ocurridos en países inimaginables de Europa, como ha sido con el movimiento de los “chalecos amarillos”. Lo cierto es que una vez ajustado el “tópico” de la convocatoria para determinados grupos de personas, estos, en mayoría inconscientes, se constituyen en armas y víctimas a la misma vez. Obsérvense varios ejemplos de los últimos tiempos como Libia, Venezuela, Nicaragua, El Capitolio de EEUU, Ucrania, Cuba y, por estos días, Kazajistán.

Traen las noticias las brutalidades ocurridas en Kazajistán, 164 muertos, miles de heridos y cerca de 5800 detenidos, daños materiales invaluables, desplazamientos e intervenciones externas, en mayoría de los soldados rusos, debido a tratados regionales. De lo contrario fueran soldados de la OTAN, sin dudas. Siempre habrá intervenciones externas asegurando “la ayuda humanitaria” y el orden descontrolado. Igual se desprenderán severas críticas y sanciones internacionales por la forma en que repercutan los hechos en el escenario interno.

Habrá que esperar la aplicación de la ley por parte del poder kazajo. Sin embargo, los daños psicológicos no han cesado, muchas familias estarán llorando a sus muertos y otras sufriendo las férreas condenas que impongan a través del sistema jurídico y penal. Faltaría catalogar si serán clasificados como presos políticos o simples mortales descontentos.

En los EEUU, sin embargo, no han decretado “presos políticos” a los más de 700 detenidos por asaltar el Capitolio, hasta hoy son considerados una especie “turbas” por la prensa, cuando se sabe que “miles de simpatizantes de Donald Trump se congregaron en torno a la instalación el 6 de enero de 2021, protestando por un supuesto fraude en los comicios en que el entonces presidente fue derrotado por Joe Biden, 800 de ellos lograron entrar por la fuerza al edificio, donde asediaron a políticos, golpearon a policías y causaron graves destrozos. Cinco personas murieron y decenas resultaron heridas”. 

La verdad, para muchos se trató de un levantamiento o incluso de un intento de golpe de Estado, azuzado u orquestado por el propio Donald Trump. Para otros subyace que quien logre imponerse con su versión de lo ocurrido tendrá mayores oportunidades de ganar las elecciones intermedias del 8 de noviembre. La cara poco visible es que, a esta hora, 165 participantes se han declarado culpables, cuatro de ellos pudieran ser condenados a 20 o más años de cárcel y 71 han sido condenados con penas que alcanzan los cinco años de prisión, según datos del Departamento de Justicia. Lo cual deja claro que cada nación aplica las leyes de acuerdo a como consideren o interpreten la gravedad del delito.

Un poco más al sur, a unos escasos 159 kilómetros, la campaña de condenas arrecia contra el derecho legítimo de los cubanos de aplicar las leyes tal y cual están decretadas. La nación se vio sacudida por “marchas pacíficas espontáneas” el 11 de julio, que jamás fueron pacíficas en algunos lugares y en todos los casos fueron ilegales. Pero no solo este funesto día han tratado de volver a las calles a virar patrullas, apedrear inmuebles estatales, vandalizar comercios, atentar contra la vida de agentes del orden, asaltar estaciones de policías y agredir directamente a ciudadanos. Ha habido, además, varías amenazas de eventos, convocatorias estructuradas y articuladas por los servicios especiales extranjeros, a partir de la preparación demostrada de agentes de cambio social. 

Es muy claro que las condenas se ajustan a la magnitud de los delitos cometidos, algunos de ellos agravados por determinadas circunstancias en la que se demuestra la obtención de beneficios económicos directos o indirectos de los participantes (mercenarismo). Apegados a los preceptos de la ley vigente, Cuba no permitirá el descalabro moral y la impunidad, es obvio, como tampoco EEUU permitirá la impunidad contra el sistema electoral y su cacareada democracia.

En su caso esperarán el momento electoral para utilizar el “golpe” mediático contra los adversarios políticos. Está en su cultura, como también está instaurado en la cultura política y jurídica de la nación cubana no dejarse arrebatar la Revolución.

Por estos días en que se amenazan fiscales, mediante la publicación de imágenes para imprimirles miedo, observamos cómo el Fiscal General de los EEUU no desestima nuevas sanciones por delitos políticos y vandalismos reconocidos en la nación norteña… se desprenden entonces unas últimas preguntas a los lectores ¿Ellos sí y nosotros no? ¿Cuál razón diferencia la oportunidad de hacer valer las leyes en el momento que una nación —cualquiera que sea— lo necesita?

Los derechos que nos asisten en Cuba nos ponen a la defensiva ante disturbio, turbas y “marchas pacíficas”, nadie lo dude. Por otra parte, y tal vez sea lo más importante, considero que ha llegado el momento de un pronunciamiento contundente al respecto en Naciones Unidas. La seguridad de muchas naciones peligra, pues la crisis actual que genera el impacto de la pandemia puede convertirse en detonante y provocar descalabros de mayores magnitudes y alcance, poniendo en peligro, además, la estabilidad global. En tanto, optamos por la posibilidad de evitar males mayores. 

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