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La política antidroga de los EE.UU. en su desarrollo histórico se ha visto condicionada por factores raciales, étnicos, migratorios, sociales y políticos. 

Desde 1968, cuando el presidente Richard Nixon (1969-1974) declara la guerra contra las drogas y  tres años después, proclama que el tráfico de drogas era una amenaza a la Seguridad Nacional de EE.UU, -lo cual fue ratificado por sucesivas administraciones hasta la actualidad-, un fenómeno de salud pública pasó a convertirse en una herramienta de política exterior militarizada. 

Por más de cincuenta años, Estados Unidos se ha enfrascado en construir un muro de contención en lo que considera su “patio trasero”, que evite el ingreso de estupefacientes a sus fronteras sin importar las consecuencias para los pueblos latinoamericanos y caribeños, que demandan nuevos enfoques ante un incremento visible del consumo interno y la violencia generada por la criminalidad organizada. 

Presiones políticas, amenazas, el uso de la  fuerza militar y económica, han hecho prevalecer la “visión del muro” a través “programas de asistencia” liderados por el Departamento de Estado, la Agencia Internacional Para el Desarrollo y el Departamento de Defensa, entre los que se encuentran la Iniciativa Andina (1980), el Plan Colombia (2000), la Iniciativa Mérida (2008), la Iniciativa Regional para Centro América y la Iniciativa de Seguridad para el Caribe, estos últimos iniciados en 2010.  

El enfrentamiento a las drogas ha servido como base discursiva de guerra ideológica; para subvencionar la insurgencia en aquellos países que no cuentan con el beneplácito de Washington, tal y como lo muestra el escándalo de la contra nicaragüense en 1985, así como justificar intervenciones armadas, como el caso de Panamá en 1989. 

Con el fin de la guerra fría, la lucha contra las drogas pasó a ser la razón principal de la intervención estadounidense en la región  y después de los ataques terroristas al World Trade Center y el Pentágono en el 2001, los narcotraficantes fueron ratificados como “narcoterroristas” tal y como se expone en el documento Santa Fe IV del año 2000:

“…La Unión Soviética ha dejado de existir y el terrorismo auspiciado por el estado está en declinación. El terrorismo, el tráfico de drogas y el crimen organizado son reconocidos como amenazas globales para la sociedad civil. Sin embargo, la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, sigue descuidando una amenaza todavía más insidiosa planteada por la alianza entre organizaciones terroristas, traficantes de drogas y crimen organizado, mejor conocida como narcoterrorismo…” 

Esta visión quedó refrendada en la Estrategia Nacional Para el Control  de las Drogas del 2008, donde se plantea:

 “…desde el 11 de septiembre 2001, nuestras metas para el control de drogas a nivel internacional y otras metas relativas a la seguridad nacional han sido: reducir el flujo de estupefacientes que ingresa a los Estados Unidos, desarticular y desmantelar a las principales organizaciones de narcotraficantes, fortalecer las instituciones democráticas y las autoridades de la ley y el orden de naciones amigas amenazadas por las drogas ilícitas y reducir el apoyo financiero y de otra índole que brinda el narcotráfico a las organizaciones terroristas internacionales…”

Para 2020, la estrategia antidroga refuerza el enfoque de orientar los esfuerzos diplomáticos para alentar a las naciones a producir resultados que contrarresten el crecimiento de la amenaza de las drogas ilícitas, priorizando la asistencia con los socios que estén alineados con los intereses de los Estados Unidos. 

Por su parte, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, aunque no hace mención explícita al tráfico de drogas, presenta como desafíos para la región el crimen trasnacional organizado incluyendo a las “bandas y cárteles que perpetúan la violencia y la corrupción”, retórica esta que refuerza el concepto de amenaza y guerra. 

En consonancia con ello, en el medio de una pandemia mundial, el primero de abril la actual administración revalidó la visión del “muro”, al anunciar el despliegue de barcos y aviones de guerra en el Caribe y el Pacífico Oriental, bajo el pretexto de enfrentar la creciente amenaza que los cárteles criminales, terroristas y otros actores malignos que intentarán explotar la situación para su propio beneficio.

Vincular la amenaza de la COVID 19 con el tráfico de drogas y su presunto incremento por el Caribe, en particular a través de Venezuela, aunque poco creíble, sirve para alimentar la retórica construida y sistematizada desde 2001.   

Desde la expulsión en 2005 de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA por sus siglas en Inglés)  por el gobierno venezolano, a partir de su vinculación con acciones de desestabilización y espionaje, los Estados Unidos construyen un “expediente criminal” dirigido a mostrar a la nación bolivariana como un narco estado. 

La escalada discursiva y acciones públicas contra funcionarios venezolanos data de 2008, alcanzando su mayor nivel el 26 de marzo de 2020 cuando el Departamento de Estado ofreció 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente legítimo de Venezuela Nicolás Maduro.

Durante los últimos años el Departamento de Estado ha hecho su trabajo propagandístico, empleando para ello uno de sus instrumentos de presión diplomática más útiles. 

En el  Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés), se cataloga a Venezuela como un país de tránsito importante de cocaína desde Sudamérica hacia el Caribe, Centro América, África y Europa, lo cual se contradice con datos expuestos en los informes de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la propia DEA.

Según dos mapas publicados por la ONUNDD en 2019          – uno de ellos elaborados a partir de la base de datos del gobierno de los Estados Unidos, sobre incautaciones y movimientos-, las rutas de la cocaína con incidencia en Venezuela solo representan el 7% del flujo, mientras que el pacífico

acumula el 84%.

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En correspondencia con ello, las mayores incautaciones de cocaína  realizadas en Sudamérica durante 2017 se registran en Colombia (38% de total global), seguida por Ecuador (7%), Brasil (4%), mientras que Venezuela solo reporta el (3%).  Por su parte, en Norteamérica, Estados Unidos registra la mayor cantidad incautada con el 18% del total global.  

Otro elemento a considerar en el doble discurso de Washington, radica en el hecho de que en el documento “Marco para la transición democrática en Venezuela”, publicado el 31 de marzo, en el punto 8, Estados Unidos se compromete a retirar las sanciones a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y como garantía, el alto mando militar –incluye al Ministro del Poder Popular para la Defensa-, se mantiene en sus cargos durante la vigencia del gobierno provisional, que propone implementar. 

La pregunta que habría que realizarse, es si la traición al pueblo y gobierno venezolanos, desde la legislación estadounidense, se constituye en moneda de cambio y exoneración, ante los presuntos cargos por tráfico de drogas presentados el 26 de marzo –cinco días antes- por William Barr, Fiscal General de EE. UU., contra  el Ministro de la Defensa Vladimir Padrino. 

Aunque analistas internacionales ponen en duda la intervención armada contra Venezuela, no por falta de deseos de Washington, sino a partir de la unidad cívico militar mostrada en torno al gobierno de Nicolás Maduro y la lealtad que distingue a los militares venezolanos; en franca violación del derecho internacional, la amenaza del uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos se incrementa, unido a la posibilidad real de que se susciten incidentes o fabriquen casos de falsa bandera, que “justifiquen”, lo que se avizora como única opción sobre la mesa. 

El comportamiento de la administración Trump vuelve a poner sobre el tapete como el combate al tráfico de drogas y la retórica en torno a este, continúa siendo una herramienta útil para la intervención en los asuntos internos de otros países, no solo Venezuela, y en particular, como las naciones de América Latina y el Caribe, sobreviven en un ambiente de soberanía bajo sitio, en tanto el fenómeno-pretexto, se complejiza cada vez más, sin encontrar una solución no militarizada,  a corto o mediano plazos.

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