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El que piense que la oligarquía fascista que gobierna hoy los Estados Unidos se dejará quitar con facilidad las riendas del poder es un ingenuo o un ignorante.

 En un evento celebrado en el Rose Garden de la Casa Blanca, Trump presentó hace unos días a la jueza Amy Coney Barrett, que, de ser confirmada por el Senado, se convertirá en el tercer integrante de la Corte Suprema norteamericana elegido por el presidente, después de los nombramientos de Neil Gorsuch en 2017 y Brett Kavanaugh en 2018.

De acuerdo a los analistas, el perfil de la elegida por Trump revela un intento por agradar a sus bases más conservadoras de cara a las elecciones. Trump marcha por detrás de su rival demócrata, Joe Biden, en las encuestas.

La elección de Barrett supone también un alejamiento radical del perfil de Bader Ginsburg, la jueza cuya vacante cubrirá, conocida por sus posturas liberales y feministas.

Aún peor, la nominación de la controvertida candidata al cargo de la Corte Suprema es un nuevo paso en la silenciosa estrategia de los republicanos de copar la mayor cantidad posible de plazas de jueces federales, para judicializar la política de los Estados Unidos como hacen hoy en muchos países latinoamericanos los gobiernos lacayos de derecha , y poder de esta sutil forma amarrarle las manos a los demócratas incluso si ganan las próximas elecciones.

La decisión de Trump de seguir adelante con la nominación ha provocado la indignación de los demócratas, que consideran que, a falta de solo unas semanas para las elecciones, una decisión tan importante debería tomarla el presidente que salga de la cita con las urnas.

Barret es una fanática ultraconservadora

De 48 años, Barrett es una fanática creyente que afirmó en un artículo publicado en 2013 que «la vida comienza con la concepción».

Planteamientos como este le han granjeado el favor de grupos religiosos conservadores que desean revertir la histórica decisión judicial que en 1973 legalizó el aborto en todo el país.

Barrett ha votado además a favor de las políticas de dureza frente a la inmigración de Trump y se ha manifestado a favor del derecho de los estadounidenses a tener y portar armas.

Fue Trump quien la nominó en 2017 para el 7º Circuito de Apelaciones con sede en Chicago, cargo para el que fue confirmada por el Senado en una votación en la que obtuvo 55 votos a favor y 43 en contra después de un arduo proceso.

Trump ya pensó en ella para reemplazar al juez Anthony Kennedy en la Corte Suprema en 2017.

Después de graduarse en la Escuela de Leyes de la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Barrett trabajó como asistente del juez Antonin Scalia, fallecido en 2016 y como académica en Notre Dame cerca de 15 años.

Si su candidatura supera la votación en el Senado, Barrett se convertirá en el miembro con menos años de experiencia en la Corte.

Pero eso no parece ser un impedimento para Trump, que ha dejado clara su intención de reemplazar cuanto antes a Ginsburg, a pesar de que en 2016 los republicanos se opusieron a aprobar la candidatura del juez propuesto por el entonces presidente Barack Obama con el argumento de que debía esperarse al resultado de las elecciones que terminó ganando Trump.

Consecuencias desastrosas para la sociedad norteamericana

La última voluntad de la fallecida jueza Ginsbur fue que su vacante no sea cubierta hasta que el próximo presidente tome posesión en enero del 2021, sea quien sea.

Pero la decisión no está en sus manos y los demócratas, en minoría de 47 escaños contra 53 en el Senado, carecen de medios para impedirlo. La Constitución no dice que el

presidente no pueda proponer un candidato si se produce una vacante a 46 días de las elecciones.

Las consecuencias de la decisión, que cementaría durante al menos una generación la mayoría conservadora en la corte, son tan trascendentales que los republicanos están dispuestos a saltarse el precedente que sentaron en 2016 cuando impidieron a Obama cubrir una vacante con el argumento de que era un año electoral.

Un truco de Trump para ganar las elecciones

El calendario del relevo de Ginsburg no solo determinará decisiones claves sobre el futuro del país en temas como el aborto, las armas o el derecho al

voto. La decisión podría acabar decantando las elecciones, en caso de que el resultado sea reñido y Donald Trump, como ya ha advertido, lo dispute. En el 2000, ante los problemas del recuento en Florida, fue el Supremo quien decidió el desenlace.

Ahora con la nominación de Amy Coney Barrett hay la posibilidad de que Trump fuerce el relevo de Ginsburg en el alto tribunal –donde habría seis jueces conservadores y tres progresistas– y luego se beneficie de un fallo a su favor en una supuesta disputa por el resultado final de las presidenciales.

Sería difícil de asumir para muchos estadounidenses, como advierte Paul Smith, profesor de derecho en Georgetown, teniendo en cuenta que tampoco habría ganado el voto popular. “Sería terrible para el país tener al mismo tiempo un presidente que es visto como ilegítimo por un alto porcentaje de la población y un tribunal que se percibe como cómplice”.

Hay que recordar que el oligarca presidente afronta una difícil campaña y le beneficia hablar de la justicia en lugar de la gestión de la pandemia. Confía así en convencer a algún votante del 2016, ahora quizás desencantado, para que vuelva a apoyarle aunque sea tapándose la nariz.

El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, artífice del bloqueo del 2016, ha dicho que el pleno de la cámara votará al candidato de Trump. Varios

senadores han dicho que adelante, pero está por ver si le salen las cuentas. Los demócratas necesitan cuatro tránsfugas si mantienen su bloque unido.

Sobre esta artimaña republicana se debe considerar que en un país gobernado por la ultraderecha como es hoy los Estados Unidos, la pérdida de las libertades fundamentales, el uso indiscriminado de la represión policial, la existencia de perseguidos políticos y de un sistema judicial dominado por los fundamentalistas blancos es una condición de posibilidad para sostener su forma de dominación. Detenciones que operan como dispositivos que buscan ordenar, domesticar, adormecer. Detenciones ejemplificadoras que pretenden anestesiar tanto dolor y trauma perpetrados por las insaciables oligarquías que manejan desde las sombras los hilos del poder en el imperio yanqui.

Judicialización de la política: un típico método de dominación fascista

 Hoy en día se habla con mucha frecuencia de la judicialización de la política, entendiendo por tales expresiones que la actuación de los jueces, o bien se interfiere en la actividad propia de los políticos, o bien la sustituye. ¿Puede ser ello posible en un verdadero Estado de derecho?

A veces se acusa de judicializar la política cuando se procesa a algún cargo público o a personas relacionadas con partidos políticos. En sí mismo, esto no es judicializar la política, si el juez cumple sus funciones con ética y equidad, apegados a la ley.

Naturalmente, si los motivos del encausamiento no son éstos, si los órganos judiciales actúan por causas no justificadas en razones jurídicas sino sólo en razones políticas, entonces podemos hablar de judicializar la política ya que el juez se extralimita en su función al invadir un campo en el que no es competente.

Dictar una sentencia presupone, en primer lugar, precisar los hechos que son relevantes para resolver un caso; en segundo lugar, valorar con objetividad las pruebas materiales y testificales aportadas por las partes, encontrar en el ordenamiento las normas aplicables; y, en tercer lugar, interpretar estas normas de acuerdo con unos métodos preestablecidos en el procedimiento correspondiente.,

el juez no puede utilizar cualquier método para interpretar el significado de una norma sino sólo aquellos aceptados por la comunidad jurídica.

La judicialización de la política en la realidad cotidiana

¿Pero qué es lo que ocurre en los países como los EE. UU, Brasil? Bolivia etc. en que la ultraderecha fascista llega al poder? Estos principios sacrosantos de un Estado de Derecho son pisoteados burdamente por una mafia de jueces corruptos que, mancillando la dignidad de su toga, venden hoy sus servicios al oro de Washington.

Sabido es que América Latina está transitando un proceso de reconfiguración de las estrategias de las derechas que nuevamente se hicieron de la dirección de los gobiernos en varios países tras el interregno de las experiencias populares y progresistas. En primer lugar, fueron los casos de Honduras (2009) y Paraguay (2012) a partir de los golpes de Estado contra Mel Zelaya y Fernando Lugo. Este despliegue se aceleró a partir de la victoria de Mauricio Macri (2015) y de sucesivas victorias electorales en la región, como así también apelando a la vieja y nunca desechada costumbre de interrupción de mandatos soberanos, como fue el caso de Dilma Rousseff en Brasil, donde un juicio político pretendió disfrazar la esencia golpista de la derecha brasilera, lo cual fue consolidado metiendo en la cárcel sin pruebas al expresidente Lula, en un vergonzoso proceso promovido por el corrupto juez Moro, un solapado agente de la CIA.

Que la ultraderecha fascista latinoamericana, siempre servil y genuflexa ante sus amos de la Casa Blanca, está dispuesta a utilizar cualquier medio para recuperar sus posiciones perdidas, y eliminar del tablero político cuando no pueden hacerlo físicamente, a sus adversarios de los movimientos progresistas, es buena prueba la última artimaña judicial promovida contra los candidatos de la izquierda en Bolivia y Ecuador para impedir sus victorias en las próximas elecciones. 

El problema que enfrentan estos gobiernos lacayos actualmente es lograr mantener cierto consenso, pasible de ser traducido en gobernabilidad, para mantener las riendas de la política. Cosa nada sencilla sabiendo que, si hay algo que han logrado los gobiernos populares y progresistas desde Hugo Chávez en adelante fue construir una subjetividad posneoliberal con muchas debilidades, pero también con genuina fortaleza, donde ciertos derechos adquiridos operan como fronteras difíciles de traspasar por su carácter imprescriptible.

En efecto, dado que los modelos que proponen los regímenes de la ultraderecha son exclusivos de sectores minoritarios, la intentona de hacer tabla rasa del pasado reciente es una maniobra que, en el corto plazo, puede funcionar.

De eso se trata. De socavar las posibilidades para parir nuevamente proyectos y expresiones políticas posneoliberales en América Latina.

Para ello debieron reconfigurar sus estrategias de acción e intervención, siendo la judicialización de la política una maniobra -para nada novedosa, cuya contracara es la persecución punitiva a la oposición y a los opositores progresistas.

Podríamos pensar, como ejercicio comparado, lo que ha sucedido (y sucede) en Paraguay a partir de la modificación de la Ley de Defensa y Seguridad Interna que llevó a cabo Horacio Cartes en 2013. También el caso de Brasil, donde el ilegítimo gobierno de Michel Temer sacó a las Fuerzas Armadas a las calles sembrando mares de sangre en las favelas de Rio de Janeiro.

Los medios de comunicación oligárquicos son aliados de los jueces venales.

En esta nueva dinámica, los medios de comunicación al servicio de la ultraderecha instalan temas de investigación que luego son tomados por fiscales y jueces. Los propios magistrados han reconocido la influencia de la presión mediática a la hora de hacer su trabajo, porque se encuentran con una opinión pública ya predispuesta a asumir culpabilidades o inocencias que fueron moldeadas en los medios.

Los periodistas, ya sea manipulados o actuando conscientemente a favor del gran capital que paga generosamente sus servicios, muchas veces, no pueden evitar la tentación de erigirse en jueces y «condenan» o «absuelven» según las simpatías o antipatías políticas.

En la actualidad la región vive un reacomodo de la derecha y sectores conservadores aliados a Washington.

Persecución y politización de la justicia

Latinoamérica vive actualmente un momento de movilizaciones sociales, inestabilidad, judicialización de la política, gobiernos con problemas de legitimidad y un proceso de reordenamiento de la derecha.

En entrevista para Telesur, la periodista argentina Stella Calloni advirtió que la politización de la justicia no puede verse como casos aislados sino que obedecen a un plan orquestado y dirigido desde Estados Unidos.

La periodista argentina explicó que detrás de la politización de la justicia se encuentra Estados Unidos (EE.UU.) que a través de los programas de cooperación con los gobiernos de la región en materia judicial logró captar jueces para usarlos de acuerdo a sus intereses.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el exvicepresidente, Jorge Glas, también han denunciado ser víctimas de persecución al vincularlos con supuestos casos de corrupción durante su gestión para lograr la invalidación de su candidatura a las próximas elecciones. La espúrea sanción impuesta a Correa por un tribunal corrupto y venal demuestra lo expuesto.

La tenebrosa «colaboración» de EE.UU.

Las colaboraciones entre el Gobierno estadounidense y los poderes judiciales en América Latina han llevado a la judicialización de la política.

Casos como Lava Jato y Odebrecht, que llevaron a la destitución de la expresidenta Rousseff por sospechas de corrupción, y a la cárcel al expresidente Lula, en un injusto y amañado proceso en el que nunca se aportó ni una prueba que sustentara la absurda acusación, ahora se reproducen en toda la región y parecen implicar única o particularmente a los líderes de Gobiernos progresistas.

Uno de los programas o colaboraciones es el Proyecto Puentes de 2009, el cual consistía en un curso de “formación” de personal de justicia en la lucha contra la corrupción auspiciado por Estados Unidos.

El curso consistía en el asesoramiento y entrenamiento para la aplicación de leyes y habilidades prácticas contra el terrorismo. A este asistieron jueces de los 26 estados brasileños, además de 50 policías de todo el país, incluidos participantes de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El juez de la causa contra Lula da Silva, Sergio Moro es casualmente uno de los magistrados que participó activamente en el curso.

Para muchos analistas la lucha contra la corrupción emprendida en la región, particularmente Bolivia, Brasil y Ecuador es una estrategia política que busca impedir que líderes de izquierda como Lula da Silva, Evo Morales o Rafael Correa retornen al poder.

Baste recordar que Dilma Rousseff fue destituida de su cargo el 31 de agosto de 2016, con 61 votos a favor y 20 en contra en el Senado.

El juicio político en contra de Rousseff estaba fundamentado en presuntas irregularidades fiscales utilizadas para maquillar las cuentas públicas.

Sin embargo, quienes votaron a favor de su destitución nunca discutieron el supuesto crimen de la mandataria y dedicaron sus discursos a condenar la corrupción.

Una lista publicada en 2017 por el Supremo Tribunal Federal (STF) señala que de los 61 senadores que votaron a favor de destituir a Rousseff, 27 han sido señalados por los tribunales por corrupción en el caso Odebrecht.

El pueblo brasileño y la comunidad internacional han sido testigo de las maniobras más parcializadas que ha originado la judicialización de la política en Latinoamérica.

Pero en el Brasil del corrupto Bolsonaro o en la Bolivia de la golpista Jeanine Añez, un juez parcializado y venal como fuera Sergio Moro, puede hoy pisotear las leyes impunemente siempre que sirva a los intereses de la derecha fascista y sus amos yanquis.

¡Esto mismo es lo que trata de lograr hoy Trump en los Estados Unidos!

En un Estado de Derecha rige la presunción de culpabilidad

De esta manera, si en un Estado de derecho rige la presunción de inocencia, en un Estado de derecha lo que rige es la presunción de culpabilidad. Y eso es lo que están aplicando sobre los perseguidos políticos en estos países, violando el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de igualdad ante la ley.

La judicialización de la política, dirigida desde un Poder Ejecutivo títere del imperio yanqui, es ejecutada desde el Poder Judicial, y los medios de información masiva: primero, construyen la condena mediática, luego procesan y dictan las prisiones preventivas (sin sustento alguno) y, lo que es más grave aún, prefabrican condenas.

con una “Justicia” que tiene distintas varas y carente de toda imparcialidad; con fiscales y jueces que, con total liviandad, admiten su intervención en la política y a favor de mezquinos intereses; con políticos que condenan a los sin condena; con libertades arrebatadas al pueblo, no es difícil tener la certeza de que estamos en presencia de una nueva ofensiva promovida por el gobierno norteamericano para tratar de recuperar por esta vía las posiciones geopolíticas perdidas en América Latina.

Sin embargo, el tribunal de los pueblos que nunca se equivoca en sus fallos, ya hace mucho que ha dictado sentencia condenando a estos jueces mercenarios y vendepatrias, así como a sus amos yanquis, a ser sepultados en el basurero de la historia.

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