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La noche del martes, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una moción en la que «exhorta» al presidente del país, Guillermo Lasso, a acudir a una sesión del pleno del Parlamento para explicar su posible vinculación directa o indirecta sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales, tras la publicación de los Papeles de Pandora.

Esta moción, que recibió 82 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones, se presentó durante el debate de un informe sobre la presunta vinculación del mandatario a compañías ‘offshore’, elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad del Parlamento ecuatoriano.

Pero, en lugar de aprobarse el informe, solo se dio paso a la resolución. Además del exhorto al mandatario para que acuda al Congreso —paso que ya fue descartado por el presidente—, se aprobó, en la misma moción, disponer a la Contraloría General del Estado (CGE), Fiscalía General del Estado (FGE), la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que revisen las cuentas, participaciones fiduciarias, propiedades y declaraciones de impuestos de Lasso, en relación a los Papeles de Pandora.

También, se acordó remitir el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales a las instituciones de control; y que estas informen al Parlamento cada 30 días, durante un año, el avance de las investigaciones.

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Previamente, otras dos mociones se sometieron a votación, pero no se aprobaron. Una fue la presentada por Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, que proponía «convocar» a Lasso en un plazo de 30 días para que comparezca ante el pleno del Congreso y responda preguntas de los legisladores; mientras que la otra planteaba el inicio del proceso de destitución contra el mandatario.

Las conclusiones del informe

La investigación de la Comisión de Garantías Constitucionales del Parlamento partió de la filtración que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que señala al mandatario de haber tenido vínculos con 10 empresas y fideicomisos ‘offshore’ en Panamá y los estados de Dakota del Sur y Delaware, en EE.UU.

En concreto, según los documentos filtrados, Lasso ha tenido vínculos con: Bretten Trust, Liberty US Trust, Bernini Foundation, Bretten Holdings, Da Vinci Foundation, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas SA, Positano Trade LLC y Tintoretto International Foundation.

Bretten Trust y Liberty US Trust fueron creados en 2017, y Lasso autorizó el traspaso a esos dos fideicomisos de las empresas operadas por dos fundaciones de interés privado panameñas, llamadas Bernini y Barberini. Las demás entidades mencionadas fueron disueltas.

La comisión, en su informe, determinó que Lasso, al inscribir su candidatura presidencial el 23 de septiembre de 2020, incumplió la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, también conocida como la Ley del Pacto Ético, que se aprobó tras una consulta popular en 2017, que «prohíbe a los candidatos a cargos públicos de elección popular de Ecuador ser propietarios directos o indirectos, de bienes o capitales en paraísos fiscales».

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También se llegó a la conclusión de que los vínculos del mandatario con compañías ‘offshore’ «configuran un escenario de crisis de gobernabilidad, porque en ese contexto no tendría margen de maniobra para llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, y su credibilidad social se desplomaría».

Además, que esta situación generaría «un escenario de conmoción social», porque altera de forma radical las coordenadas éticas y deontológicas del sistema político, y posibilita la anomia de las instituciones.

En el informe se deja en evidencia que la CGE, el Servicio de Rentas Internas (SRI), la FGE y la Superintendencia de Bancos no entregaron la información requerida por esta comisión legislativa durante la investigación, bajo el argumento de que es «confidencial».

La comisión parlamentaria recomendó, como fue propuesto en una de las mociones del debate del martes, que el Parlamento llame a comparecer al mandatario; y que exija que se levante la restricción a toda la información catalogada como reservada por instituciones del Estado, relacionadas con las transacciones y patrimonio sobre las investigaciones en curso vinculadas a Lasso.

El archivo en la Contraloría

Además de lo ocurrido en la Asamblea Nacional, el mismo martes se conoció que la CGE archivó el proceso del examen especial que realizaba contra el mandatario ecuatoriano por los Papeles de Pandora.

De acuerdo con el Dictamen N. 001-DNA1-2021, firmado por el contralor general del Estado subrogante, Carlos Riofrío González, el proceso se archivó «por no encontrar elementos objetivos» que demuestren que Lasso, a las fechas de inscripción de la candidatura para la elección de presidente y posesión para ese cargo, era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales.

Tampoco encontraron pruebas de que el mandatario ostentaba la condición de directivo en sociedades establecidas, constituidas o domiciliadas en paraísos fiscales.

Otra de las cosas que señala la Contraloría es que el estado estadounidense de Dakota del Sur, donde se localizan las firmas Bretten Trust y Liberty US Trust, nombradas en los Papeles de Pandora, «no es considerado paraíso fiscal o régimen fiscal preferente».

Mientras la Contraloría llevaba adelante ese proceso, Lasso envió a esa institución la documentación certificada que consideró pertinente para acreditar su desvinculación de las empresas ‘offshore’ por las que fue incluido en los Papeles de Pandora.

«No hace falta que yo asista»

Luego de conocerse el archivo del proceso en la Contraloría, el mandatario celebró en sus redes sociales. «Cuando uno trabaja de forma transparente, la verdad siempre prevalece«, escribió.

Y este miércoles, durante declaraciones a la prensa, respondió al «exhorto» de la Asamblea, descartando que asistirá a brindar explicaciones a los parlamentarios.

«Mandaré una carta con el informe de la Controlaría que es contundente y claro. No hace falta que yo asista», manifestó.

¿Qué dicen los ecuatorianos?

La firma Perfiles de Opinión llevó a cabo una encuesta en el país, en la que hicieron preguntas a la población relacionadas con la publicación de los Papeles de Pandora.

El 78,05 % de los consultados considera muy grave (48,76 %) o algo grave (29,29 %) que el presidente de la República presuntamente tenga su dinero en paraísos fiscales.

Asimismo, 54,82 % de los encuestados señala que no ha visto aclaraciones de parte del mandatario sobre los Papeles de Pandora y 36,11 % considera que han sido insuficientes.

Sobre las investigaciones, el 71,43 % de los entrevistados confían poco (41,90 %) o nada (29,53 %) en que las instituciones del Estado harán una investigación justa e imparcial sobre este caso. 

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