La llegada al poder de gobiernos progresistas en América Latina durante la primera década del siglo XXI significó un duro golpe para los proyectos neoliberales en la región.
Las nacionalizaciones de empresas estratégicas como las de recursos energéticos, la redistribución de la riqueza y la mayor presencia del Estado en materia social, permitieron el acceso de amplias capas sociales a la educación, a la salud y a la vivienda.
Estas políticas afectaron intereses privados y extranjeros, en su mayoría estadounidenses.
Washington y sus aliados locales necesitaban fortalecer una arquitectura jurídica que permitiera blindar y otorgar privilegios al capital transnacionalizado, que sacara del poder, mediante el uso de la ley, a sus enemigos, y que los inmovilizara políticamente.
Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el lawfare es «la supremacía y abuso del aparato judicial, articulada con la manipulación de la opinión operada por los medios de comunicación, para expulsar de la política a determinados líderes y grupos, con el objetivo inmediato de restaurar el orden neoliberal».
La injusta condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada tras el juicio por la causa Vialidad, el acoso mediático permanente, las acusaciones disparatadas y constantes, contra ella y sus familiares, llevan la marca de este tipo de operación.
Horas después de la condena a Cristina, se conocían los sucesos en Perú, donde el presidente, Pedro Castillo, era destituido y arrestado, mientras la Fiscalía realizaba operativos en el Palacio de Gobierno para recabar pruebas en su contra, acusado de rebelión y conspiración, tras declarar el estado de excepción en el país.
El Presidente peruano enfrentó, durante su mandato, seis investigaciones judiciales de corrupción, y tuvo que gobernar todo el tiempo bajo el acoso de la oposición mediática y partidaria.
En ambos casos, se trata de operaciones de lawfare que se suman a las realizadas contra Rafael Correa, Jorge Glas, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, Fernando Lugo, etc.
Este método forma parte de la guerra no convencional, junto a las sanciones económicas, las campañas mediáticas de descrédito, las acciones políticas y diplomáticas y la subversión interna.
Hoy se conocen los programas de asesoramiento impartidos por el Gobierno estadounidense a miembros del sector judicial de la región, como el Programa Puentes 30, en el marco de las reformas judiciales, en los que participó Sergio Moro, juez a cargo del Lava Jato, en Brasil.
Amparándose en una supuesta lucha contra la corrupción, utilizan sofisticadas campañas de relaciones públicas para engañar a la ciudadanía, y así logran paralizar, en muchas ocasiones, la acción popular.
Sin embargo, la corrupción ha sido una regularidad de los gobiernos neoliberales en el continente y no de los gobiernos progresistas. La verdad sale a flote una y otra vez. Nada podrán hacer para detener el curso de la historia, que absolverá a los inocentes y pondrá a los verdaderos culpables en el lugar que se merecen.
