Estados Unidos acumula en su historia incontables pretextos falsos para ejecutar guerras de rapiña, y ahora preparan otro con el propósito de invadir a Venezuela para eliminar el proceso revolucionario bolivariano que tantas amarguras les causa.
Golpes militares, maniobras políticas, programas de acciones subversivas, actos terroristas, presiones a la Unión Europea y a gobiernos latinoamericanos y del Caribe, con el apoyo de la OEA, unido a intentos de reclutamiento entre los altos mandos militares y políticos de Venezuela, no han arrojado los resultados ambicionados.
Sin embrago, los gastos de miles de millones de dólares incrementan sus pérdidas, de las que algún día tendrán que rendir cuentas.
La ejecución de una sucia maniobra sin precedentes, como fue la autoproclamación en plena avenida de Caracas, de Juan Guaidó como presidente de la nación, es un rotundo fracaso, al que arrastraron bajo chantaje a unos 50 países de Europa y algunos lacayos latinoamericanos, que transcurrido un año comprueban la farsa que apoyaron a favor de Washington.
Desesperados por tantos descalabros, los yanquis se lanzan a una peligrosa escalada militar, basada en el invento de que “Venezuela es responsable del ingreso de la droga en Estados Unidos” y sus principales dirigentes “se enriquecen” de ese negocio, algo que no tiene el menor sustento probatorio, pero que ansía crear una matriz de opinión dentro de Estados Unidos y en otros países, para justificar la invasión militar.
Los funcionarios yanquis y la DEA saben perfectamente que es Colombia quien siembra, procesa la coca, y vende cientos de toneladas de cocaína a los cárteles internos de Estados Unidos, sin que jamás se descubran, encarcelen y sancionen a sus jefes, como si los capos latinoamericanos fuesen los dueños del mercado interno del país de mayor consumo en el mundo.
La mentira se teje sin el menor cuidado y así Donald Trump decidió, en medio de la pandemia del Covid-19 que infesta y mata a cientos de miles de estadounidenses, enviar buques de guerra a las aguas cercanas a Venezuela, como paso previo a la invasión, tal y como hicieron en otros países, entre ellos a Panamá en 1989.
El pretexto empleado por Trump de que “Estados Unidos de América está lanzando operaciones de lucha contra los narcóticos en el hemisferio occidental, para proteger al pueblo estadounidense…”, no se lo cree nadie, porque el mundo conoce perfectamente, incluso reconocido por Trump, que el 90 % de la droga que ingresa en Estados Unidos proviene de Colombia.
La DEA tiene pruebas de que la droga exportada por Colombia a Guatemala y a México entra en Estados Unidos por la costa del Pacífico y que Juan Guaidó está comprometido con los jefes del cártel Los Rastrojos, a quienes les prometió libertad para actuar, sí llegase a gobernar en Venezuela.
Sí tanto le preocupa el narcotráfico, debería presionar a su lacayo Iván Duque, presidente de Colombia, para que combata los cárteles de la droga que campean libremente en ese país, en las más de 250 mil hectáreas de sembradíos de coca, como afirmó Trump en enero 2020.
No hay una sola condena a Duque, ni a Álvaro Uribe, por la inacción contra los conocidos cárteles Los Rastrojos, Urabeños, Águilas Negras, Cártel del Golfo, y los grupos paramilitares que asesinan diariamente a líderes sociales, a pesar de que Estados Unidos firmó el 03 de noviembre 2009 un acuerdo con el entonces presidente Uribe, para que Estados Unidos utilizara siete bases militares existentes en ese país.
El Acuerdo contempla el uso de las instalaciones de la Base Aérea Germán Olano Moreno, Palanquero; la Base Aérea Alberto Powell Rodríguez, Malambo; el Fuerte Militar de Tolemaica, Nilo; el Fuerte Militar Larandia, Florencia; la Base Aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño, Apia; la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena; y la Base Naval ARC Málaga en Bahía Málaga; y permite el acceso de las fuerzas militares y civiles yanquis.
Las aeronaves yanquis no pagarán derechos, incluidos los de navegación aérea, sobrevuelo, aterrizaje y parqueo en rampa. Los buques civiles recibirán el mismo tratamiento y privilegios que los buques de guerra, y en consecuencia no estarán sujetos al pago de tasas de señalización marítima y fondeo.
¿Esas bases no son suficientes para la lucha contra la producción y venta de la droga de Colombia al mercando interno de Estados Unidos?
Esto desenmascara la payasada de acusar a Venezuela de “ser un estado narcotraficante”.
La verdad está plasmada en la estrategia para Latinoamérica y el Caribe en los próximos diez años, expuesta en marzo del 2018 por el Comando Sur norteamericano, que establece los principales “peligros o amenazas” identificadas y el modo de enfrentarlas.
Las amenazas son Cuba, Venezuela, Bolivia, la lucha contra el narcotráfico, redes ilícitas regionales y transnacionales, el incremento de la presencia de China, Rusia e Irán en América Latina y el Caribe.
En febrero del 2018, el almirante Kart Cid, Comandante del Comando Sur, expuso ante el Congreso los escenarios previstos para el continente, sus objetivos, medios y estrategias, acordes con la Estrategia de Defensa Nacional (2018) y la Estrategia de Seguridad Nacional (2017-2018), con el fin subvertir a los países que no son del agrado de Estados Unidos y la preparación para una posible acción militar.
El almirante Cid señaló:
“Los desafíos para la hegemonía, se enfrentarán por medio de una Red de Redes, operada por el Comando Sur en conjunto con las agencias estadounidenses y los aliados, y tres Fuerzas de Tarea Conjunta actuarán en este plan: Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (Base Aérea de Soto Cano, Honduras), Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo, Cuba, La Fuerza de Tarea Interagencias y Conjunta-Sur (Cayo Hueso, Florida)”.
La invasión a Venezuela está cocinada hace rato, solo buscaban un pretexto ante los continuos fracasos de Juan Guaidó, las acciones de la guerra económica y financiera, los actos terroristas y las maniobras de subversión política que no logran indisponer al pueblo contra el presidente Nicolás Maduro.
Ahora el narcotráfico es la fórmula para la acusación, copia de la que ejecutaron contra Noriega para invadirá a Panamá en 1989, denominada “Causa Justa”.
Para alcanzar respaldo internacional a la invasión militar, Estados Unidos urge de una fuerza regional que intervenga, no solo en lo económico y político, también en lo militar.
Ya tienen respaldo político del español Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, quien declaró el 03 de abril 2020: “La Unión Europea apoya el plan de Estados Unidos, para un Gobierno de transición en Venezuela”.
El Grupo de Lima también expresó su apoyo a la propuesta estadounidense, al estimar que “busca garantizar el retorno a la democracia en Venezuela, mediante la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres”.
Paralelamente y en total respaldo a la posible agresión militar yanqui, la Marina del Reino Unido, anunció 2 de abril de 2020 el envío de un buque de guerra al Caribe con un doble propósito: “Apoyar a sus territorios de ultramar durante la temporada de huracanes, pero, de ser necesario también, reforzar los esfuerzos del país contra el coronavirus; argumento difícil de creer, pues ante los recientes desastres en el Caribe, el Reino Unido no mandó ningún barco, ni tropas para ayudar a los miles de damnificados en sus ex colonias.
Francia también despacha hacia las costas de las Antillas francesas y la Guayana Francesa, el buque de asalto anfibio Desmande, fuertemente armado y con 35 helicópteros de ataque y capacidad de participar en acciones ofensivas, con la posibilidad de convertirlo en buque hospital.
Según justificó el presidente Emmanuel Macron: “Se trata de una operación militar sin precedentes, dedicada a apoyar servicios públicos y al pueblo francés en las áreas de salud, logística y protección”.
Conmueve el “sentimiento de humanidad” de ambos países que padecen de una crisis ante la pandemia del Covid-19, unido al descontento popular por las medidas neoliberales que afectan a sus trabajadores.
Donald Trump ha expuesto que entre las variantes para derrocar al presidente Maduro y frustrar la Revolución Bolivariana, está la intervención militar.
Tienen previsto un anillo militar, compuesto por tropas de asalto basificadas en las bases colombianas y otras para el control y monitoreo, ubicadas en las bases Reina Sofía, de Aruba, y Hato Rey, en Curazao, y posiblemente la base de Palmerola, en Honduras, la mayor instalación extrajera en Latinoamérica, sirva como centro de operaciones, plan contenido en documento del Comando Sur, denominado “Operación Venezuela Freedom-II”.
El 11 de marzo 2020 el Almirante Craig Fallar, anunció la decisión de desplegar una fuerza militar marítima del Comando Sur, para “defender la democracia” en América Latina, combatir el narcotráfico y frenar la influencia de Rusia y China, alrededor de Venezuela”.
Las fuerzas movilizadas incluyen destructores de la Armada, barcos de la Guardia Costera, buques de combate, helicópteros, aviones de patrulla P-8 y aviones de la Fuerza Aérea E-3 AWACS y E-8 JSTARS, para labores de vigilancia, control y comunicaciones.
El general Mark Miley, presidente del Estado Mayor Conjunto, confesó que hay involucrados miles de marineros de guardacostas, soldados, pilotos y marines, situación que reafirma la decisión de invadir a Venezuela próximamente, a pesar del precio que pagarán los yanquis. Un avión E-3 AWACS cuesta más de 250 millones de dólares y Venezuela posee el armamento necesario para destruirlo.
Los autores de esa irresponsabilidad, que involucra a toda la región, son Donald Trump; Elliott Abrams, asesor para Venezuela; Mark Espera, secretario de Defensa; Robert O’Brien, director del Consejo de Seguridad Nacional y William Bar, fiscal general de Estados Unidos, quienes comerán el polvo de la derrota en esa operación, la cual tendrá un alto costo en vidas humanas y recursos para ambas partes, porque el pueblo venezolano defenderá con los dientes su soberanía, mientras los yanquis solo buscan apoderarse de las riquezas naturales.
En estos momentos recordamos a José Marta cuando alertó:
“Los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas.
