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Por: Dalia González Delgado

Joe Manchin es el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales en el Senado de Estados Unidos, y es al mismo tiempo el congresista que más dinero recibe de la industria del petróleo y el gas. Eso, que debería ser una contradicción, no lo es en un sistema donde dinero y elecciones son dos puertas con la misma llave.

El senador demócrata ha amasado su fortuna a través de vínculos con la industria del carbón, principal recurso natural en el estado de Virginia Occidental que representa. Entre 2015 y 2020, Manchin recaudó casi 2,6 millones de dólares por su participación en la empresa de carbón de su familia, Enersystems, según sus formularios de declaraciones de impuestos. Con esos antecedentes no es extraño que se oponga a las disposiciones sobre el cambio climático que son parte del paquete legislativo que está intentando aprobar la administración de Joe Biden; también se opone al aumento de impuestos para los más ricos.

Y resulta que su voto es clave, en un Senado repartido 50-50 entre demócratas y republicanos. O sea, la posibilidad de aprobar alguna legislación para mitigar los efectos del cambio climático –que no solo afecta a Estados Unidos– depende en gran medida de un hombre cuyas fuentes de ingreso provienen de los combustibles fósiles.

El de Manchin es solo un ejemplo entre muchos. El problema de fondo es el peso del dinero en la política de Estados Unidos, algo de lo que se habla mucho durante los años electorales pero se suele olvidar el resto del tiempo. El gasto en las elecciones de 2020, por ejemplo, ascendió a más de 14 000 millones de dólares, más del doble de lo que había sido en 2016 que también constituyó un récord en su momento. Y lo más importante no son las cifras astronómicas sino de dónde viene todo ese dinero y para qué.

No solo es que gane quien más dinero recaude (aunque eso es frecuente), y que eso limite las posibilidades para terceros partidos o candidatos que no cuenten con el apoyo de las élites, sino que los grandes donantes no “regalan” el dinero; lo “invierten” para recibir después favores a cambio.

Por eso, una de las propuestas de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y otros políticos considerados progresistas en Estados Unidos, es sacar al dinero de la política empezando por cambiar las reglas de financiamiento de las campañas electorales. Plataformas como Justice Democrats apoyan el papel de las microdonaciones individuales y rechazan el dinero de las grandes corporaciones y los lobbies. Durante las primarias de 2020, por ejemplo, Sanders no aceptó financiamiento corporativo y tuvo un sistema de recaudación basado exclusivamente en microdonaciones de millones de ciudadanos.

Las elecciones en Estados Unidos son un proceso extremadamente complejo  y este comentario no basta para explicar todo su reglamento. Sobre el tema del financiamiento es importante entender dos cosas básicas: hay campañas oficiales y campañas paralelas. Las primeras son las de cada candidato, que reciben donaciones individuales por vías diversas, que incluían financiamiento público. En el 2008 Obama fue el primer candidato de un partido importante en rechazar el financiamiento público y los límites de gasto que lo acompañaban, desde que se creó el sistema en 1976 a raíz del escándalo de Watergate.

Por otro lado están los PACs (Comités de Acción Política) y los Súper PACs, organizaciones que promueven diversas formas de respaldo a candidatos o a iniciativas de legislación. Los primeros reúnen contribuciones para donar a las campañas y tienen límites establecidos para las cantidades que pueden recibir y entregar. Mientras, los Súper PACs no pueden dar el dinero directamente a partidos o candidatos, pero pueden recaudar cantidades ilimitadas de fondos tanto de individuos como de corporaciones o sindicatos, que utilizan para apoyar a los candidatos por la vía de la publicidad y otras formas de participación.

Su surgimiento fue posible como resultado de la decisión de 2010 de la Corte Suprema, conocida como Citizens United vs. Federal Election Commission, que dictaminó que la prohibición de gastos independientes por parte de las corporaciones violaba la Primera Enmienda de la Constitución, y así abrió las puertas para miles de millones de dólares de fuentes externas que se supone que no están atadas a candidatos o partidos.

El resultado de todo ello es que en la última década las elecciones en Estados Unidos no solo se han encarecido sino que se han privatizado y se han vuelto cada vez menos transparentes, a partir de fallos judiciales que han levantado una por una las formas de regulación existentes.

En julio de este año, por ejemplo, la Corte Suprema en una decisión de 6-3 revocó un requisito de California que establecía que las organizaciones sin fines de lucro debían revelar la identidad de sus donantes en las declaraciones de impuestos estaduales. En resumen, y para el tema que nos ocupa, eso significa que los donantes ricos no solo pueden invertir ilimitadamente en cualquier candidato sino que pueden hacerlo legalmente en secreto.

Y no es que ese sea un mecanismo nuevo, teniendo en cuenta la existencia del llamado Dark Money. El término se refiere a gastos destinados a influir en los resultados políticos donde no se revela la fuente del dinero, y hay varios mecanismos para hacerlo a través de los Súper PACs.

Dicho en otras palabras, las elecciones en Estados Unidos, que cuestan cifras millonarias y cada vez más elevadas de dinero, son financiadas por corporaciones o multimillonarios individuales que buscan influir en la política y no tienen que rendir cuentas sobre sus actos. Aunque el más simple sentido común indique que se trata de una forma de soborno y corrupción, todo está amparado por la ley.

Si a eso sumamos otras formas de influencia del dinero en la toma de decisiones, como los lobbies, no es extraño que los donantes millonarios tengan mayor peso en la formulación de políticas que los ciudadanos comunes. Martin Gilens, de la Universidad de Princeton, y Benjamin Page, de la Universidad de Northwestern, demostraron en 2014 lo que ya muchos sabíamos: las élites económicas tienen un impacto mayor en la conformación de políticas públicas que los intereses de los ciudadanos comunes.

En un muy citado estudio, analizaron 1 779 casos de entre 1981 y 2002, elaboraron encuestas para evaluar posiciones a favor o en contra de algún cambio en las políticas públicas y segmentaron las respuestas según los niveles de ingreso de los diferentes grupos. Su conclusión fue que las iniciativas que cuenten con amplio respaldo de las élites tienen más posibilidades de ser convertidas en ley; la probabilidad de su aprobación es insensible al apoyo de los ciudadanos comunes.

Un ejemplo claro tiene que ver con el tema de este comentario. Un estudio del Pew Research Center –tanque pensante con sede en Washington DC– encontró en 2018 que la inmensa mayoría de los estadounidense (77%) estaría de acuerdo con poner límites a la cantidad de dinero que las personas y las organizaciones pueden gastar en campañas políticas. No obstante, las decisiones de la mayoría de los políticos con respaldo de las élites van en un sentido opuesto.

De vez en cuando hay algún escándalo, como el escrutinio mediático al que está sometido por estos días Joe Manchin. O el informe reciente que reveló que la industria del petróleo y el gas gastó más de 81,9 millones de dólares en cabildeo durante los primeros tres trimestres de 2021, mientras se debate en la COP26 sobre el cambo climático que pone en peligro la supervivencia humana. O cuando en 2018, después del tiroteo en una escuela en Parkland, Florida, cuestionaron el financiamiento que recibía el Senador Marco Rubio de la Asociación Nacional del Rifle.

Pero los escándalos pasan y el mal de fondo sigue ahí tan básico y complejo como siempre: un sistema diseñado para favorecer los intereses de unos pocos sobre los de la mayoría.

Tomado de CubaDebate

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