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La Comisión de la Verdad, entidad creada tras el acuerdo firmado en 2016, tiene la misión de esclarecer el conflicto colombiano.

Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño mostraron algunas dolorosas verdades y errores cometidos frente a las víctimas del conflicto colombiano. 

El hecho sin precedente, convoca virtualmente al exjefe del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y al excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  -Ejército del Pueblo (FARC-EP), para ofrecer su versión sobre la guerra.

“Lo que contaré no es ni justificación ni apología, sólo es lo que ocurrió hace años, cuando éramos actores de la guerra”, dijo Mancuso vestido de color naranja, desde Estados Unidos (EE.UU.), donde cumple condena por narcotráfico.

“Este es un momento muy importante, estamos viendo los frutos de lo que acordamos -para la paz- en La Habana”, agregó Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC-

El escenario fue la Comisión de la Verdad, entidad creada tras el acuerdo firmado en 2016 entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, que tiene la misión de esclarecer el conflicto colombiano, sin funciones judiciales. 

De manera conjunta y pública, una vez iniciado el proceso, fue posible vivir el trascendente minuto ante la Comisión de la Verdad, cuando ambos pidieron perdón a 9 millones de víctimas de la guerra. 

La verdad de quién

En este largo camino en que, nos advierte, quizá nunca llegaremos a conocerlo todo, está la comprensión del drama que implica a todos los colombianos, a los millones de desplazados y a los 300.000 muertos, muchos de los cuales, no participaron en la guerra. Así lo confirma el presidente de dicha comisión, Francisco de Roux. 

“Nosotros no somos jueces. La Comisión de la Verdad es un espacio donde nos reunimos para decirnos las verdades”, con transparencia y claridad, señaló el sacerdote jesuita de Roux en sus palabras introductorias, antes de ser interpelados los testimoniantes.

El llamado apóstol de la Paz en Colombia manifestó, además, su plena confianza en el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional, y reconoció que ellos -Londoño y Mancuso- “se están jugando por la paz”,  a pesar de los riesgos que entrañan sus aportaciones.

En comunicado previo, la Comisión expuso que construyen la historia con las víctimas y los comparecientes. «Un espacio que haga un aporte significativo a la verdad y contribuya a la reparación simbólica, a la dignificación de las víctimas, a la no repetición del conflicto armado y a la reconciliación del país».

Presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux. I Foto: Cortesía

La intervención contribuye a “sanar el dolor de las víctimas, entender y comprender qué pasó en la guerra en relación con los entramados y los terceros que hicieron parte de ella, y contribuir a la no repetición y transformación”, frente a 20 víctimas participantes, quienes “representan la autoridad moral para ser la voz del sentir de muchos colombianos y colombianas, que exigen explicaciones sobre el por qué la guerra se ensañó con la población civil y alcanzó niveles de degradación inimaginables”.

El padre Pacho, desde su humildad siente el desafío. Están tratando de unir las diferentes aristas, para comprender qué fue lo que pasó en el conflicto, “pero la tarea es tan grande y los puntos de vista tan distintos, hay tanto dolor, que a veces me pregunto si seremos capaces de darle una respuesta a lo que el país espera”. 

Confirma que se siente confrontado con esa responsabilidad inmensa. “Que ahora, en medio del coronavirus, se mate a hombres y mujeres líderes en Colombia, es muy doloroso. Y esas cosas continúan, así como los asesinatos de muchachos que estuvieron en las FARC-EP y resolvieron un día dejar las armas y los han matado, ya van 190 asesinados”, enfatiza el religioso jesuita. 

“Así como han matado en estos días a indígenas y líderes campesinos, es una realidad extremadamente dolorosa porque la vida de un líder, vale igual que la vida de cualquier persona, pero cuando se pierde un líder la comunidad se destruye”. 

“Son personas con mucho coraje, muchas veces sin tener ningún estímulo, pero que tienen la grandeza de no dejar que sus comunidades sean subordinadas o por guerrilleros, o por paramilitares, o por cualquier persona poderosa que quiere aprovecharse de ellos», continúa de Roux, quien desde la adolescencia se dedica al servicio religioso y conoce que la fe -como la verdad- no se encuentra en un camino de seguridad, sino de preguntas. 

Sobre los líderes comunitarios ultimados, dice que “le ponen la cara a los violentos, para proteger la grandeza de sus comunidades. Cuando matan a un líder, la comunidad se dispersa, se acaba. Lo triste es que hemos perdido 500 líderes desde que se firmó el Acuerdo de Paz y miles durante el conflicto colombiano. Y pese a que los matan siguen apareciendo líderes para defender a sus comunidades”.

En los próximos días, el presidente de la Comisión de la Verdad, el el padre Francisco de Roux, sostendrá un encuentro privado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien antes no quiso declarar ante este ente. 

Esta instancia fue derivada de los Acuerdos de Paz de 2016 en La Habana, Cuba, suscritos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, los que encontraron obstáculo y revisionismo del Centro Democrático, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El mismo partido en el poder del presidente Iván Duque, cuya voluntad política podría ser difícil de entender. Mientras tanto, Álvaro Uribe Vélez continúa sin reconocer a los garantes de la Comisión de la Verdad.

Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), entre 2002 y 2005, hubo 2.750 homicidios y desapariciones por parte de grupos paramilitares, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El paramilitarismo es legalizado en Colombia como «autodefensa» ante los grupos “subversivos”. Un decreto de la Doctrina de Seguridad Nacional permitió, en 1965, la constitución de estos grupos conformados por civiles que trabajaban en la defensa para el Gobierno. 

Tres años después ya gozaban de un estatus legal, afirma el escritor colombiano H. Calvo Ospina. «El Estado colombiano es responsable de más de 95 por ciento de las violaciones a mujeres, a niños, de crímenes atroces, porque el paramilitarismo es el alma del Estado en Colombia».

Las cifras conocidas son abrumadoras. La Comisión Intercongrecional de Justicia y Paz compara por el número a los fallecidos y desaparecidos durante la democracia en Colombia, con los del cono sur durante las dictaduras, refiere la agencia de noticias AIN. 

“En la Presidencia de Virgilio Barco (1986-90) la cifra es de 13.635 víctimas. En el periodo de César Gaviria (1990-94), corresponde a 14.856. Durante agosto 2002 y junio 2004, en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue de 10.586”.

Para la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de los Derechos Humanos, en un documento del año 2000, el Estado colombiano debe hacerse «responsable por omisión, tolerancia o apoyo de los crímenes cometidos por esos grupos cobijados en las Autodefensas Unidas de Colombia».

Además, según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), las Fuerzas Armadas asesinaron extrajudicialmente a 3.330 personas en el 2003; 818 en el 2004; y 1.037 en el 2005.

No obstante, la idea de aceptar la declaración de Álvaro Uribe Vélez, según confirmó el presidente de la Comisión de la Verdad al medio Semana, es escucharlo y tomarle una versión al exmandatario, sobre hechos ocurridos en medio de la guerra que ha sufrido el país.

El problema

“El problema principal -habla de la violencia- es que el Estado (colombiano) no ha sabido proteger a los líderes sociales”, con recato, pero lo dijo al espacio online colombiano “Mesa Capital” el titular de la División de una organización de derechos humanos, José Miguel Vivanco.

Estas expresiones aludían apenas a los primeros meses del 2021 y fueron ratificadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), al conocer la identidad de los 23 líderes sociales asesinados, así como de nueve excombatientes muertos o desaparecidos y la ejecución de 12 masacres.

Recientemente, el propio Indepaz denunció la masacre número 63, por lo que registran unas 200 personas asesinadas en lo que va del 2021.

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, enfatizó su llamado a la paz, con una escalofriante afirmación. En Colombia hay “un activista social muerto cada 47 horas, un exguerrillero asesinado cada seis días, una masacre cada tres días y medio”.

La violencia selectiva no parece ser parece un asunto de control territorial en disputa. Como tampoco lo fue la desmovilización paramilitar, enunciada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010.

Atendiendo al presente, el incumplimiento -por parte del Gobierno- de los preacuerdos para garantizar la protesta pacífica y desmilitarizar a Colombia, ha generado que el Comité Nacional de Paro suspenda las negociaciones y advierta que continuarán las protestas activas sin interrupción, refiere Prensa Latina.

El 28 de abril del 2021, inició este paro nacional contra una reforma tributaria neoliberal, que aumentaba los impuestos a bienes y servicios y creaba nuevos gravámenes.

“El Comité Nacional de Paro ha afirmado insistentemente, que el Gobierno no está interesado y ha dilatado, a propósito, la negociación del Pliego de Emergencia”. 

La agrupación integrada por sindicatos, gremios y organizaciones estudiantiles, anunció que continuarán las protestas sociales. El Comité Nacional de Paro sigue a la espera de que el Gobierno acoja el preacuerdo del 24 de mayo y derogue el decreto 575, el cual autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social.

El Gobierno actual, presidido por Iván Duque  -detalla la declaración- se niega a asumir los compromisos sociales, que tanto necesitan los colombianos y reprime a los manifestantes, con la ocurrencia de 77 asesinatos, 1.246 heridos, 2.808 detenidos, 106 mujeres víctimas de violencia sexual y 74 ojos perdidos. 

“Con esta actitud, el Gobierno nos lleva a suspender la negociación y evaluar la continuidad de las conversaciones adelantadas. Como parte de ese proceso, entregaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el preacuerdo del 24 de mayo, sobre los mínimos de garantías para el ejercicio de la protesta social pacífica”.

La paz no es, ni podrá ser únicamente el cese del conflicto armado, aunque es un gran primer paso. El pacto de la concordia nace de la solución del problema social de Colombia, de las infinitas desigualdades que originaron la guerra. 

Hablemos de la paz

«Hemos dado un paso fundamental de avance, para la construcción de la paz estable y duradera y la finalización de una guerra de más de medio siglo, que ha desangrado al país», dijo el comunicado de La Habana, clave para el proceso de paz en Colombia, que tomó varios años en su negociación en la mayor de las Antillas.

El tema relativo a las víctimas fue el más difícil de acordar, de los cinco de la agenda de negociaciones. Allí fue anunciado por los representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, los componentes del sistema integral: la Comisión de la Verdad, Comisión para la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y los mecanismos para garantizar la no repetición.

«Conocer que esta es la primera vez en la historia, donde  las víctimas tienen tanta participación y visibilidad en un proceso de paz, es grande para mí. Colombia puede estar orgullosa», dijo el coordinador del sistema de Naciones Unidas en el país, Fabrizio Hochschild, quien presentó  al primero de cinco grupos que viajó a Cuba.

Se previó la participación directa de 60 víctimas, seleccionadas de manera conjunta por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Universidad Nacional de Colombia y la Conferencia Episcopal de Colombia. «Este grupo de víctimas, son parte del mapa de dolor que cubre nuestra Colombia», dijo durante su presentación el sacerdote Darío Echeverry.

“Los Acuerdos de Paz en La Habana, ratifican el compromiso con los derechos de las víctimas. Se ha determinado que es importante atender y reconocer víctimas de todos los sectores, de todo tipo de violaciones, todos y todas están incluidos”, así lo aseguró el director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga. 

“La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándose a hablar de la paz”, dijo aquel 24 de agosto de 2016, Humberto de La Calle, quien fue jefe del equipo negociador, por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos en el proceso de paz con las FARC-EP.

“Cuba entendió de manera cabal su papel de garante, en asocio de Noruega, en una negociación directa entre las partes. En tal sentido, fue absolutamente neutral, precisamente como se esperaba. Los dos garantes fueron prenda de garantía para las partes y recibieron de nosotros un amplio margen de confianza que manejamos con tino y discreción”, declaró al diario Granma.

Aun así, más de la mitad de los acuerdos están en la fase inicial de su implementación. “Hay avances en el terreno de la reincorporación de los excombatientes. Pero el actual Gobierno colombiano, y destacados jefes del partido de Gobierno, han reiterado que su tarea se centra en atender a los que llama «guerrilleros de base». Eso genera un sesgo que ha conducido a que haya temas estructurales, que son una hoja de ruta para Colombia, más allá de las partes en La Habana, que están francamente congelados”.

“Una genuina reforma rural integral sigue siendo una tarea pendiente, al igual que la reforma política. En cuanto a la justicia transicional, para nadie es un secreto que el Gobierno presentó de manera inadecuada objeciones a ella, por fortuna, fracasadas. Creo firmemente que es un error dejar de lado el Acuerdo que significó la cesación de enfrentamientos cuya duración exceda el medio siglo”.

Sobre la actitud del actual Gobierno colombiano al desconocer el Protocolo de Ruptura, firmado en el marco de las negociaciones de paz por el Gobierno de Colombia, el ELN y los países garantes, Humberto de La Calle lo califica como “una gran equivocación». Los protocolos de ruptura son milenarios. No habría posibilidad de diálogo, si no se firman y se cumplen”. 

“El Gobierno tomó un camino equivocado y creó un problema que se ha convertido en un túnel sin salida. Y no se trata solo de Cuba, porque Noruega como garante y otros países también concurrieron a esos protocolos. Más allá de la forma jurídica, ese Protocolo no es un papel irrelevante. Es un compromiso jurídico y moral del Estado colombiano. El argumento de que fue suscrito por el Gobierno anterior carece de toda validez”. 

El abogado y diplomático colombiano confirma su actitud de fe. “Espero que los colombianos entendamos que una forma de atender a los más débiles, es cumplir el Acuerdo en aquellas zonas señaladas como más flageladas. En vez de una contradicción, la lucha contra la pandemia es complementaria del Acuerdo, al menos en lo que dice en relación con las previsiones sobre desarrollos territoriales”. 

“Por lo demás, en Colombia hay una dura confrontación política. Espero que logremos superarla, para entender que la reconciliación es imperativa si queremos un país mejor”.

Tomado de Telesur

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