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La Tizza.- «…Se trata de accionar en lo inmediato sobre aquello que está a nuestro alcance como país. Las medidas gubernamentales serán insuficientes si no se acompañan de la contradicción como herramienta para el cambio, y esta solo puede venir del crecimiento del poder popular…»


Defender la Revolución es defendernos como pueblo del dominio imperialista y de la gestión ineficaz, las malas decisiones y las arbitrariedades que tienen presencia en la institucionalidad cubana. Transformar esto último se vuelve una cuestión de sobrevivencia frente al estrecho margen de maniobra que deja el bloqueo y frente a la actual crisis, que es expresiva de procesos económicos, políticos y culturales como los que detonaron el 11 de julio.

Se trata de accionar en lo inmediato sobre aquello que está a nuestro alcance como país. Las medidas gubernamentales serán insuficientes si no se acompañan de la contradicción como herramienta para el cambio, y esta solo puede venir del crecimiento del poder popular.

Las siguientes reflexiones y propuestas apuntan en tal dirección, y tienen antecedentes en artículos, editoriales y espacios de discusión, así como en vivencias y prácticas en las que nos hemos involucrado como sujetos activos de nuestra sociedad.

1) Redistribución de riquezas mediante el combate a la corrupción

El recrudecimiento del bloqueo, la crisis económica internacional provocada por la pandemia, y los acumulados de ineficiencia interna impiden incrementar significativamente la cantidad de recursos disponibles en el corto y mediano plazo. En tal escenario, una vía para mejorar la situación de las mayorías es recuperar riquezas de quienes están lucrando con los bienes públicos. Para ello no basta con el control desde arriba, pues existen redes clientelares, complicidad burocrática y ocultamiento de información que restan eficacia a este mecanismo si no viene acompañado de un control desde abajo.

Desarrollar la fiscalización obrera y popular mediante auditorías sorpresas, con un poder vinculante sobre los implicados y amplia divulgación de los resultados finales — incluidos los casos que involucren a dirigentes estatales. Las riquezas recuperadas cuya ausencia no impida la vitalidad de las entidades perjudicadas deben redistribuirse bajo escrutinio público, de modo que el pueblo palpe el resultado de su accionar y se eviten nuevos desvíos. Crear tiendas especiales para la venta a precios módicos de los bienes incautados y un fondo de asistencia a personas vulnerables con los activos financieros rescatados.

Dado el estrecho vínculo de la corrupción administrativa con el mercado negro, y de este con el abastecimiento familiar y la producción privada, hay que prever impactos en otras esferas y procurar alternativas. La disminución del desvío de recursos influiría positivamente sobre los costos y utilidades empresariales y sobre el gasto presupuestal; por tanto, debe reflejarse en incremento de salarios y mejores servicios públicos. Muchos trabajadores se encuentran involucrados en el fenómeno de la corrupción aunque les toque la menor parte, así que esta estrategia necesita mostrar beneficios tangibles para incrementar la participación popular.

2) Reorientar recursos mal empleados

Son escasas las riquezas disponibles en el país y dramática la gestión cotidiana de las necesidades básicas para muchas personas. En ese contexto hay que optimizar la asignación de recursos y evitar gastos que pueden ser postergados, o de dudosos resultados. El ejemplo más visible es el de la inversión en el turismo. Se han seguido destinando grandes sumas a la construcción inmobiliaria, partiendo de una tasa de ocupación hotelera que ya de por sí era baja, en momentos de una drástica reducción del turismo internacional que tardará en recuperarse.[1] Esa actividad consume divisas — el factor crítico de la economía cubana — que son necesarias para la inversión en la producción de alimentos y la importación de artículos de primera necesidad.

Dondequiera que haya divisas no utilizadas en prioridades reales estas deben ser reorientadas, pues ni la autonomía empresarial ni la organización sectorial son principios absolutos, menos aún en el marco de una crisis tan aguda, que amenaza incluso la seguridad nacional por su impacto sobre la población. Cada incremento de las sumas disponibles para necesidades perentorias, por muy pequeño que sea, puede hacerle un poco más llevadera la vida a miles de personas: no son cifras frías.

Las recientes medidas, que incluyeron la incorporación de residentes urbanos en situación irregular a la Libreta de Abastecimientos, el aumento de la cuota de algunos productos de primera necesidad y el aseguramiento de insumos para las fábricas de medicamentos — todas ellas decisiones que requieren importaciones para ser respaldadas — mostraron que existen reservas de recursos. La cuestión clave es que no tengan que ocurrir dolorosos acontecimientos como los del 11 de julio para emplearlas donde corresponde.

3) Transparencia y organización popular en el comercio minorista

En diálogo con personas que han organizado colas en tiendas de Moneda Nacional, hemos identificado factores que, en distintos escenarios, han ayudado a disminuir el malestar, la incertidumbre y la injusticia que el desabastecimiento provoca:

– Que los suministros mantengan una periodicidad estable. Cuando se logra cumplir con una periodicidad en los suministros — una vez por semana, por ejemplo, como ciclo de entrega de un determinado producto, en cantidad suficiente — mejora la planificación familiar y se puede estabilizar el uso de la Libreta de Abastecimientos, o del orden de compra por el escaneo de la aplicación Portero. La irregularidad resta eficacia a estos instrumentos organizativos porque se pierde la confianza en lograr resolver algún día según la secuencia establecida. Sabemos que la periodicidad sufre los males del bloqueo, las oscilaciones de los precios internacionales, el endeudamiento y el incumplimiento de planes, pero las reservas económicas antes mencionadas pueden movilizarse para contrarrestar esas afectaciones.

– Menos pobladores por cada tienda. Crear puntos comerciales en comunidades donde no existan, reabastecer aquellos que han quedado sin suministros y modificar o ampliar el objeto de aquellos que no vendan artículos de primera necesidad. Aunque los plazos sean largos respecto a tiendas más grandes, este tejido capilar de pequeños comercios permite gestionar mucho mejor las colas y la situación sanitaria.

– Informar las cantidades suministradas. Hay lugares donde la dirección de la tienda informa la cantidad disponible cada mañana, y otros donde incluso muestran las facturas de lo recibido. Esto reduce la incertidumbre y la pérdida de tiempo de los consumidores. Sin embargo, no es una práctica sistemática pues los directivos no están obligados a hacerlo, propiciándose así la reventa informal y paralela de bienes de consumo por la propia tienda. Debe establecerse el mandato general de transparentar las cantidades. Incluso se puede crear una aplicación informática que permita a la población dar seguimiento a la entrega de los suministros en las diferentes localidades. Así saldrán a relucir las zonas desatendidas, pues en condiciones de escasez la distribución comercial reproduce todavía más las desigualdades históricas. Visitas sorpresa por comisiones populares a los depósitos a los distintos niveles verificarían la correspondencia entre la información aportada y las existencias.

– Perfeccionar y ampliar la organización por listados. Si la venta se ordena cada día con las personas que llegan, quienes no alcanzaron tienen que volver en otro momento a hacer la cola desde cero. Con un listado, en cambio, la venta comienza con quienes no pudieron comprar en la ocasión anterior. Para ello se ha utilizado la numeración de la Libreta de Abastecimiento, la aplicación Portero, o incluso la mera anotación en un cuaderno por los organizadores de la tienda. Consideramos que este mecanismo debe ser perfeccionado donde no funciona adecuadamente, e implementado donde tiene escasa presencia, como la capital del país. Es importante señalar la necesidad de lograr mejores resultados en los factores anteriores para incrementar su viabilidad.

4) Hacia un control popular efectivo

En nuestra práctica institucional existe un gran desbalance a favor de la representación en la toma de decisiones y la designación vertical de los cargos estatales y empresariales, por sobre la democracia directa y el control popular de la gestión pública. La confianza absoluta en la gestión gubernamental ha sido promovida como un valor positivo, asociado a la condición revolucionaria. En la realidad, sin embargo, junto a logros extraordinarios tienen una fuerte presencia las decisiones erradas o implementadas con pobre eficacia y los directivos insensibles, corruptos y autoritarios. Esto se articula con los impactos del bloqueo y se traduce en tribulaciones cotidianas: recursos que no llegan, servicios de pésima calidad, soluciones obstaculizadas, comunidades desfavorecidas, etcétera. Los mecanismos de control existentes son insuficientes o se han burocratizado y los colectivos laborales y territorios involucrados quedan vulnerables. Frente a esos fenómenos los afectados carecen de poder, porque este lo detentan precisamente aquellos que han ocasionado el problema y los canales de participación no cumplen su papel.

Por eso decimos que es necesario desarrollar un control popular efectivo. Nuestro diseño institucional contiene elementos que lo favorecen. Por ejemplo, según la Ley 132, de las Asambleas Municipales del Poder Popular, los delegados reunidos elaboran la política del municipio, controlan a los órganos administrativos y tienen la potestad para cesar cargos o revocar decisiones tomadas por el presidente de la Asamblea Municipal o alguna de sus entidades de gobierno. Cincuenta ciudadanos cubanos con sus firmas, así como las organizaciones de masas, pueden solicitar a este órgano la revocación o modificación de decisiones adoptadas por autoridades subordinadas que afecten los intereses de la comunidad (Artículo 160). Además de esto, las organizaciones de masas, los delegados, o cincuenta ciudadanos cubanos con sus firmas, pueden solicitar a la Asamblea Municipal que esta promueva frente al Consejo de Ministros o el Gobernador de la provincia la revocación de decisiones de órganos subordinados a estos (Artículo 171). Un tercio de los delegados puede proponer en la Asamblea la realización de una consulta popular, y obtener la mayoría simple de votos para llevarla a cabo, de modo que la población decida sobre un asunto de interés en el territorio. La consulta puede comprender todo el municipio o alguna de sus localidades específicas (Artículo 136).

¿Por qué se usan tan poco estas y otras facultades, cuando existen motivos suficientes en distintos escenarios? La respuesta es larga, pero pudiéramos mencionar algunos elementos clave: 1) predominan relaciones de “ordeno y mando” y se evita la discrepancia y el conflicto — prácticas que debilitan la iniciativa y articulación entre los delegados; 2) la población ha perdido la fe en resolver sus problemas a través de esos mecanismos; 3) existe poco conocimiento de las posibilidades que ofrece la ley; 4) el vínculo con los electores se reduce a la sumatoria de demandas; 5) se ha debilitado el movimiento comunitario y el papel de las organizaciones de masas en la defensa de los intereses populares.

En consecuencia, se debe trabajar para empoderar a los delegados con relación a la Presidencia de las Asambleas y los órganos ejecutivosmasificar el conocimiento de las posibilidades democráticas de la Ley, construir con los electores la política de la Asamblea, asumir la defensa de las reivindicaciones inmediatas en el marco de las organizaciones de masas y — para no perder la fe — garantizar resultados frente a la corrupción, la cobardía y la desidia.

Líneas de acción similares pueden impulsarse en las estructuras nacionales, cuyas problemáticas condicionan las soluciones locales.

Con suficiente presión social y voluntad política, pudieran incluso ampliarse los mecanismos existentes hacia nuevas formas de democracia directa, donde el voto de la población tenga poder revocatorio sobre decisiones y cargos en las situaciones que estime pertinentes, de modo que se reduzca su dependencia a las asambleas de representantes, a menudo pasivas.

En los campos administrativo y empresarial el funcionamiento es todavía más vertical, sin las ventajas que ofrece la legislación de las Asambleas del Poder Popular. Las potestades para revocar cargos, vetar decisiones que laceren intereses obreros o sociales, fiscalizar la gestión económica, etcétera, deben extenderse a los colectivos laborales, muchos de los cuales sufren los fenómenos antes mencionados. Que los trabajadores, ante la arbitrariedad demostrada, puedan votar para cesar a un directivo o frenar una medida, y que su decisión mayoritaria sea de obligatorio cumplimiento. Alguna que otra vez pudieran equivocarse, pero ¿acaso los directivos están libres de pecado? El control obrero constituiría un factor de presión para su mejor desempeño.

Todo lo anterior requiere transparencia. Sin información no hay poder popular. En la oscuridad crece la corrupción y el error. Deben adoptarse medidas concretas para masificar el acceso a la información de las cuentas públicas, de las empresas estatales y de las decisiones administrativas a los distintos niveles.

En conclusión, urge desarrollar los contrapesos de poder social que corresponden a un país donde el pueblo es el propietario de los medios fundamentales de producción. La democracia socialista debe servir para decir Sí, y también para decir No.

El caso de las Tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC)

Las Tiendas en MLC han generado descontento popular y no es para menos. En el marco de la presente crisis económica, hay artículos de consumo — muchos de ellos de primera necesidad — que no están disponibles en las tiendas en Pesos Cubanos — moneda con que se pagan los salarios — , por lo que la población que no recibe remesas debe comprar divisas en el mercado negro para acceder a ellos, o adquirirlos a través de revendedores. Esto disminuye el poder adquisitivo de los salarios y asesta un duro golpe a la moral socialista, debido a la profundización de la desigualdad.

La implementación de esta medida no se ha correspondido con el diseño inicial anunciado públicamente. Se afirmó que en las tiendas en MLC solo se venderían artículos de gama alta, se acotó a 70 la cantidad de establecimientos a lo largo del país, y hubo la promesa de que los ingresos obtenidos servirían para abastecer los mercados en moneda nacional. Luego se comenzaron a vender bienes de todas las calidades y se superó con creces la cifra inicial de locales convertidos a MLC, sin emitir nuevos anuncios o explicaciones de los cambios, mientras la oferta en CUP disminuía. Fue inevitable que en el pueblo surgiera la sensación de engaño y de injusticia.

Aún si partiéramos de que las Tiendas en MLC son una fatalidad en un contexto donde contamos con la mitad de las divisas disponibles en el 2019 y donde han sido relegadas las soluciones políticas a los problemas económicos, el control popular tendría un margen de acción. Veamos un ejemplo.

La conversión de tiendas a MLC en una localidad específica se determina en niveles territoriales superiores al municipio. Los pobladores quedan vulnerables frente a decisiones empresariales que dejen a una barriada con distantes o escasas opciones para abastecerse en Pesos Cubanos. En tal escenario, desde la nación habría que dotar de poder vinculante a la consulta popular al nivel de un municipio o de un Consejo Popular,[2] de modo que los pobladores puedan promover este mecanismo para impedirlo. Otra vía, menos expedita, sería que 50 personas junten sus firmas para solicitar a la Asamblea Municipal que esta promueva ante el Consejo de Ministros la revocación de las decisiones tomadas en la localidad en cuestión por las empresas TRD o CIMEX. También pueden solicitarle una gestión similar a los Comités de Defensa de la Revolución, organización de masas de carácter territorial.

Por otro lado, no puede haber silencio y falta de transparencia en un tema de tanta sensibilidad. A nivel gubernamental es necesario anunciar y argumentar cada modificación o situación imprevista y rendir cuentas periódicamente, con datos duros sobre la mesa. La prensa nacional debe poner atención en la evolución de la cantidad y locación de los establecimientos comerciales, procurar y contrastar la información, difundir las arbitrariedades que surjan y dar voz a las quejas y demandas de la población.

El Estado se compone de seres humanos que no están libres de errores ni desvíos. La Revolución se hizo dotando al pueblo de instrumentos para defenderse de todo lo que se interponga ante su bienestar. Reactivarlos y renovarlos impulsará la gestión institucional y funcionará como factor disuasivo.

El Partido tiene un papel central en todo esto por la naturaleza de su credo y de su misión. Ser comunista es, entre muchas otras cosas, ponerse al servicio de la construcción del poder popular.

5) Sobre las Brigadas de Trabajo Social

La Covid-19 llevó a la sociedad y el Estado a poner la mirada sobre las personas vulnerables. El trabajo como voluntarios, primero como mensajeros en el Sistema de Atención a la Familia, luego en la realización de encuestas — organizadas por la Universidad de La Habana — a todos los inscritos en este servicio, nos permitió entrar en contacto con una vulnerabilidad social aguda. Se hizo patente, además, el desempeño deficiente de las Direcciones de Trabajo y Seguridad Social, y de los gobiernos locales en general, que ocasiona muchas veces que los vulnerables no sean detectados y no reciban los apoyos establecidos, o la atención sea intermitente debido a la falta de sistematicidad.

Esto nos llevó a un grupo de voluntarios a entregar un informe a la Presidencia de la República en enero de 2021,[3] y a intercambiar con autoridades de la Universidad de La Habana en función de crear brigadas de control popular y trabajo social para la atención a personas vulnerables.

La deuda social del país se acumula y exige una participación popular de magnitud similar a aquella que se desató cuando el Programa de la Batalla de Ideas, cuyos instrumentos fueron significativamente desmontados en años posteriores a partir de criterios economicistas, debilitándose la capacidad del Estado y la sociedad para contrarrestar los procesos de marginación.

En estos momentos, gracias a la preocupación surgida en las organizaciones de masas por las vivencias de sus activistas y militantes durante el voluntariado, gracias a la alerta que significó el 11 de julio y la sensibilidad política de la dirección del país, se ha decidido crear brigadas de trabajo social en todos los territorios. Ello está en coherencia con la nueva política de atención a personas en situación de vulnerabilidad adoptada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la cual promueve la participación popular para complementar los esfuerzos institucionales.

Son buenas noticias, y aunque ya no seamos estudiantes ahí estaremos, pues en esta iniciativa se unirán las organizaciones de masas y todas las personas «movidas por grandes sentimientos de amor» como dijera el Che.

Consideramos que las Brigadas pueden cumplir funciones de control popular. Es decir, además de participar en la detección y atención a personas vulnerables, a través de un protocolo de actuación pudieran verificar el trabajo de los gobiernos locales y canalizar las problemáticas identificadas para propiciar la toma de decisiones y la aplicación de medidas por las Asambleas Municipales y por niveles superiores a estas. En tal dirección, nos parece importante que en los puestos de mando territoriales de las Brigadas tengan presencia los voluntarios de más experiencia en la base durante la pandemia.

También resulta vital que en el diseño e implementación de las acciones se preste especial atención a los resultados de investigación alcanzados en el país sobre desigualdad, pobreza, trabajo comunitario, participación popular, entre otros.

Por último, consideramos que las Brigadas deben incorporar en su accionar la atención a las desigualdades de género y a la violencia machista en todas sus formas, que constituyen agudos factores de vulnerabilidad en nuestro país y en el mundo.

6) Debate popular para más soluciones

Un congreso popular necesita Cuba, que levante todos los diagnósticos, propuestas y sueños y reúna la energía suficiente para hacerlos realidad. Los problemas imprevistos de la Tarea Ordenamiento, los descontentos que alimentaron las protestas del 11 de julio, las respuestas que hubieran podido llegar hace mucho tiempo, las soluciones que no se conciben, etcétera, demuestran insuficiente retroalimentación para la toma de decisiones. Organizar debates en todo el país para pensar y crear desde el pueblo es una manera de pasar a la ofensiva. Ahí ganaremos en claridad sobre las causas de los problemas y los caminos de solución. Puede comenzarse a escala reducida e irlo ampliando en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan. A los documentos del pasado Congreso del Partido se deben sumar otras propuestas surgidas de las organizaciones de masas y sociales como motivación inicial para los debates, cuyos resultados seguramente las superarán, pues pondrán sobre la mesa en mayor medida las diversas y complejas realidades que vivimos.

Partiendo de algunas carencias experimentadas en procesos de discusión anteriores, proponemos crear un repositorio público con las actas de todos los debates, elaborar un documento síntesis con las principales visiones y propuestas, llevar este documento a una segunda ronda de diálogo nacional y formar comisiones populares para controlar la implementación de las nuevas medidas que de ahí resulten.

Este «congreso de lo unido» debe incluir intercambios de experiencias con movimientos populares de otros países, cuyos paradigmas y estrategias frente al capitalismo y todas las formas de dominación tienen mucho que aportar a las creaciones cubanas. La solidaridad que recibimos y damos tiene que ser también de las ideas y las experiencias revolucionarias, y esto implica ir más allá de la táctica diplomática o el apoyo a gobiernos progresistas, porque involucra a los pueblos, sus formas organizativas y sus objetivos anti-sistémicos. Un internacionalismo desde abajo nos permitiría entrar en contacto con prácticas menos visibilizadas y desarrollar nuevas estrategias para contribuir a un mundo más justo, cuestión de sobrevivencia para Cuba.

Somos conscientes que no basta con lo dicho para hacer factibles estas propuestas, y que su implementación es de extraordinaria complejidad en una sociedad de once millones de personas que se desenvuelve en un ambiente hostil. Pero a nuestro juicio apuntan en la dirección correcta, que es aquella de la resistencia creativa y el horizonte comunista. La voluntad política, la inteligencia colectiva y la fuerza social tienen que hacer el resto.

Ponemos estas ideas a disposición de los espacios de discusión en núcleos del Partido, comités de la UJC, brigadas de la FEU, sindicatos, CDRs, FMC, ANAP y demás expresiones sociales organizadas.

Solo falta decir que asumiremos cualquier tarea concreta que de ellas se derive. Para incorporar otras visiones y propuestas pueden escribirnos al correo de La Tizza: latizadecuba@gmail.com.

Notas

[1] Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba, el 46,9 por ciento del total de inversiones en 2020 del sector estatal civil se destinaron a las actividades de «hoteles y restaurantes» + «servicios empresariales, actividades inmobilarias y de alquiler», contra un 5,3 por ciento para «agricultura, ganadería y silvicultura» (http://www.onei.gob.cu/).

[2] Cada municipio está integrado por varias demarcaciones, llamadas Consejos Populares.

[3] Una versión de este informe fue publicada en nuestra revista: «SAF: más que un problema de cuchillo y tenedor».

Tomado de Cubainformación

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