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Los casos de brutalidad policial que hoy estremecen de costa a costa a los Estados Unidos y encienden la indignación universal contra la Casa Blanca no son algo nuevo. En realidad, basta con estudiar un poco la convulsa historia de ese país, para darse cuenta de inmediato que desde su surgimiento como nación, la represión policial de los indígenas primero, de los esclavos africanos e emigrantes después, y de las masas trabajadoras siempre, ha sido un factor permanente. La rodilla en el cuello, las detenciones arbitrarias, las golpizas por cualquier causa, la tortura para obtener confesiones rápidas y los balazos por la espalda son un “modus operandis” de los policías yanquis.

Cierto es que la brutalidad policial es consustancial al sistema capitalista sin la cual éste no puede existir, pero en la fase imperialista que vive los Estados Unidos este fenómeno negativo se acrecienta.

Lo peor de todo ello es que por más de un siglo, este sistema deshumanizado ha sido vendido al mundo, y en especial a América Latina, como un buen modelo a seguir. No es casual que los sanguinarios esbirros de Pinochet, de las tiranías de Batista, Trujillo, Duvalier y Somoza ,así como las dictaduras militares fascistas de Centro y Suramérica, se hayan inspirado en su organización y métodos de actuar, y recibido asesoramiento de sus homólogos estadounidenses, en técnicas de represión de sus respectivos pueblos.      

Al respecto, cabe recordar el nefasto papel jugado por la llamada “Escuela de las Américas”. En este tenebroso centro administrado por el Pentágono y la CIA, desde 1946 se ha «adiestrado y entrenado en métodos de tortura, asesinato y represión a miles de represores de toda Latinoamérica».

Para que el lector tenga una idea más clara de lo expuesto, entre la nutrida colección de aberrados monstruos salidos de sus aulas, se pueden mencionar:

• Luis Posada Carriles, connotado agente de la CIA, autor intelectual confeso del Atentado al vuelo 455 de Cubana de Aviación en 1976.

• Roberto D’Aubuisson, graduado en 1972 y justo después parte del servicio de inteligencia de El Salvador, acusado como líder de los escuadrones de la muerte, y el magnicidio contra el arzobispo Oscar Arnulfo Romero entre otros delitos.

• Leopoldo Fortunato Galtieri, líder de la Junta Militar fascista de Argentina en que supervisó desde 1981, los dos años finales del «Terrorismo de Estado», al cual se le atribuyen más de treinta mil personas desaparecidas por oponerse al régimen.

No en balde el periódico panameño La Prensa apodó a este centro «Escuela para asesinos.

Por su parte, de acuerdo con el senador demócrata Martin Meehan (Massachusetts): «Si la Escuela de las Américas decidiera celebrar una reunión de ex alumnos, reuniría algunos de los más infames e indeseables matones y malhechores del hemisferio».

Una “curita de mercurocromo” para una profunda herida

Asustado por el desenvolvimiento de las protestas populares contra el racismo y la brutalidad policial, así como por las duras críticas lanzadas contra su descabellada teoría conspirativa sobre que el video  de un  anciano que en New York fue empujado por un iracundo policía que lo dejó ensangrentado en el suelo era un montaje de los terroristas, el presidente Donald Trump, acaba de firmar en el patio de la Casa Blanca un decreto para establecer un sistema de certificación nacional de las agencias de orden público. El decreto, que ni mucho menos está finalizado, incluye directivas modestas con un amplio apoyo destinado a alentar estándares más altos entre los departamentos de policía.

Trump señaló la semana pasada que podría apoyar la prohibición de las llaves estranguladoras, pero en realidad aún no ha abordado de manera integral y firme los problemas de la reforma policial o incluso reconocer el racismo existente en Estados Unidos. Por otra parte, el presidente tampoco no ha estado muy involucrado en la redacción del decreto.

Por ello la mencionada medida presidencial es vista por la mayoría del pueblo norteamericano como una “curita de mercurocromo” para la profunda herida de la brutalidad policial.

EE. UU es el mayor Estado policial en el mundo

De hecho, muchos ciudadanos norteamericanos consideran que están viviendo una época de evidencia indiscutible de la construcción de un Estado policial:

La Ley PATRIOTA, el espionaje ilegal de los estadounidenses en violación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior, la iniciación de guerras de agresión –crímenes de guerra según el Estándar de Núremberg– basadas en mentiras intencionales, los memorandos legales urdidos por el Departamento de Justicia justificando la violación de leyes interiores e internacionales contra la tortura por el poder ejecutivo, la detención indefinida de ciudadanos estadounidenses en violación de los derechos constitucionalmente protegidos de habeas corpus y de debido proceso, el uso contra acusados en procesos de evidencia secreta y de “testigos expertos” secretos a quienes no se puede «contrainterrogar», la creación de tribunales militares a fin de evadir los tribunales federales, memorandos legales secretos que dan autoridad al presidente para lanzar ciberataques preventivos contra cualquier país sin demostrar que dicho país constituye una amenaza, y el asesinato por parte de la Casa Blanca de ciudadanos estadounidenses y extranjero sin evidencia o debido proceso, fundamentan esta convicción.

Se ha concentrado tanto poder irresponsable en el poder ejecutivo que la Constitución de EE.UU. ha dejado de ser un documento aplicable.

La justificación del Estado policial estadounidense es la “guerra contra el terrorismo”, una patraña que se mantiene vigente mediante “operaciones encubiertas” del FBI.

La “operación encubierta” del FBI va más allá de esos crímenes sin víctimas que abarrotan las prisiones de EE.UU.

Las operaciones encubiertas del FBI son diferentes. Tampoco hay víctimas ya que nunca tiene lugar una conspiración, pero los agentes del FBI no se presentan como fabricantes de bombas para terroristas que tienen un complot, pero carecen de armas. En su lugar, el FBI tiene la conspiración y busca una persona o grupo desafortunado o demente o a un musulmán enfurecido por el último insulto de Washington contra él o su religión. Cuando el FBI ubica su víctima, sus agentes se acercan a la persona seleccionada simulando que son del Estado Islámico o de Al Qaida o algo parecido y tientan al perpetrador seleccionado con dinero, la promesa de fama, o con amenazas, hasta que la víctima apoya el complot del FBI y es arrestado.

Algunos estadounidenses afirman que han tenido Estados policiales en otros tiempos de guerra y que una vez que se gane la guerra contra el terrorismo se desmantelará el Estado policial. Otros afirman que el gobierno será juicioso en su uso del poder y que el que no haga nada malo no tendrá nada que temer. Son consuelos de los embaucados. El Estado policial de los tiempos de Trump es mucho más exhaustivo que el de Wilson, Roosevelt o Nixon, y la guerra contra el terrorismo no tiene fin y ya dura tres veces más que la Segunda Guerra Mundial. El Estado Policial norteamericano está adquiriendo “derechos de ocupantes militares de su propio país”.

En la práctica, el gobierno fascista de EE.UU. trabaja paso a paso hacia la determinación de que todos y cada uno de los críticos de la administración son culpables de suministrar “ayuda y alivio” a “enemigos terroristas” de Washington, lo que incluye a los gobiernos revolucionarios de Venezuela, Nicaragua y Cuba, así como cuanto organismo internacional como la OMS discrepen de sus hegemónicos mandatos.

El fracaso social del sistema racista represivo norteamericano

La muerte de George Floyd a manos —y rodilla— del oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin hizo estallar una oleada de protestas pacíficas y disturbios violentos en la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos. Filmado para que el mundo pudiera verlo, el incidente llevó a tomar conciencia de que los afroamericanos son excluidos de la gran narrativa del progreso estadounidense, en la cual supuestamente la situación mejora con el tiempo.

Los datos confirman esa percepción, un estudio reciente de la Brookings Institution afirmaba en 2016 que «el patrimonio de una familia caucásica típica es casi diez veces mayor que el de una familia negra». Y aunque EE. UU. solo cuenta con el 5% de la población mundial, alberga al 21 % de las personas encarceladas en el mundo, un tercio de las cuales son afroamericanas.

Difícilmente pase una semana sin una nueva historia sobre la muerte de afroamericanos a manos de policías o vigilantes. En cada episodio los medios se retuercen las manos y llaman a la reforma de los procedimientos policiales, pero nunca se resuelve el problema, en parte, porque en realidad no es uno, sino muchos.

En primer lugar, muchos estadounidenses han aceptado que viven en una sociedad donde el ganador se lleva todo y la desigualdad se profundiza. Mientras la riqueza y los ingresos de quienes más tienen continúan creciendo, decenas de millones de estadounidenses sufren dificultades para pagar la atención sanitaria, el cuidado de los niños y otras cuestiones básicas. Esta historia ya se ha contado muchas veces, pero lo que a menudo no se resalta es que la responsabilidad de gestionar los costos sociales de este sistema frecuentemente se endilga a la policía.

En términos generales, la mayoría de los policías en zonas urbanas son blancos y tienen poca o ninguna experiencia para interactuar con las poblaciones en sus jurisdicciones. Esta brecha de familiaridad aumenta porque uno de cada cinco oficiales de policía fue militar y participó en actividades violentas de pacificación en Afganistán o Irak. A estos exsoldados se les ha enseñado a ver las poblaciones urbanas donde se desempeñan como policías como una amenaza para su propia seguridad, en el mejor de los casos.

Eso, también, está respaldado por los datos: por ejemplo, en Boston entre 2010 y 2015 hubo 28 denuncias por uso excesivo de la fuerza cada 100 oficiales de policía con algún tipo de experiencia militar, frente a 17 para quienes no habían sido militares. Boston dista de estar sola, EE. UU. está obligado a ubicar a los militares retirados en alguna tarea significativa, pero, claramente, solo se debiera permitir que quienes cuentan con un historial demostrado de eficacia para desactivar situaciones tensas sean policías en las comunidades urbanas.

El policía asesino Chauvin no es un veterano militar, pero con 18 denuncias previas en su contra, representa gran parte de lo que está mal en el sistema policial estadounidense.

Estados Unidos debería proteger mejor a sus pobres urbanos.

Los afroamericanos en Detroit, Milwaukee, St. Louis y muchas otras áreas urbanas desindustrializadas viven en condiciones más parecidas a las de Sudáfrica y Brasil que a las de otros países ricos.

En las comunidades afroamericanas pobres y económicamente inseguras tiene lugar un ciclo vicioso multigeneracional: los niños nacen en un entorno donde las interacciones con la policía han sido, por mucho tiempo, de confrontación más que de cooperación. La policía, a su vez, combina la sospecha y hostilidad con la criminalidad. Con excesiva frecuencia los policías asumen que los hombres negros son sospechosos y los tratan en forma acorde. En respuesta, muchos hombres afroamericanos están predispuestos para adoptar una actitud sospechosa y hostil hacia la policía.

Las estructuras que apuntalan las diferencias raciales estadounidenses son tanto resultado de la negligencia como del diseño, para corregirlas será necesaria una estrategia multidimensional.

La crisis de la COVID-19 ha demostrado que muchos de los trabajos que antes no se consideraban importantes son, de hecho, esenciales. En las instalaciones de atención sanitaria y los servicios alimentarios, pasando por el transporte y los servicios cloacales, los afroamericanos ocupan una cantidad desproporcionada de aquellos empleos que consideramos peores y, en última instancia, de los que más dependemos.

Sin embargo, si tomamos el salario federal mínimo como punto de referencia, los trabajadores estadounidenses en tareas esenciales son los peor remunerados  entre los países con altos ingresos. Aunque el PIB de EE. UU. se multiplicó varias veces en los últimos 70 años, el salario federal mínimo ajustado por inflación aumentó apenas $0.75 desde 1950.

El mensaje para los trabajadores esenciales estadounidenses desde hace mucho es «no nos importan». Claramente, eso debe cambiar.

La tenencia de armas en EE. UU. es grotescamente excesiva

Finalmente, la tenencia de armas en EE. UU. es grotescamente excesiva y este problema ha empeorado desde que el Tea Party ganó las elecciones en muchos gobiernos estatales durante la gestión del presidente Barack Obama. En un país que tiene ya casi 400 millones de armas en manos de civiles, la normativa sobre su venta de todas formas se ha relajado en muchos estados. Como resultado, una ciudad como Chicago, a pesar de contar con un nivel razonable de control, está inundada de armas, porque solo hace falta viajar una hora hacia el norte para comprarlas en los mercados poco regulados de Wisconsin.

Por obvias razones, el problema de las armas en Estados Unidos contribuye a su problema de crímenes violentos. También genera mucho más estrés sobre la Policía. Los progresistas y las organizaciones policiales debieran reconocer que tienen intereses comunes en cuanto al control de las armas.

Abusos de policías en EEUU no son públicos hasta muy tarde

Por décadas, ha habido decenas de ejemplos de policías en Estados Unidos con varias denuncias en su contra por abuso de fuerza, acoso y otro tipo de conductas inapropiadas antes de fueran acusados formalmente de matar a alguien mientras estaban en servicio. Sin embargo, la ciudadanía no lo supo sino hasta que las víctimas murieron.

El propio agente Derek Chuavin, en el candelero por haber usado su rodilla para presionar el cuello de George Floyd contra el suelo, tenía más de una decena

de denuncias de mala conducta en su contra antes de que se desatara el escándalo por el deceso del hombre negro.

Daniel Pantaleo, el policía de la ciudad de Nueva York quien sujetó por el cuello a Eric Garner hasta matarlo, tenía ocho. Ryan Pownall, un policía de Filadelfia que se enfrenta cargos por homicidio en la muerte a disparos de David Jones, acumuló 15 a lo largo de cinco años, pero la gente no conoció esta información sino hasta la muerte de las víctimas.

Las denuncias ciudadanas contra la policía en Estados Unidos se mantienen en gran parte ocultas, ya sea bajo ley o contrato sindical: una práctica que algunos expertos en justicia penal dicen que priva a la gente de información que podría utilizarse para eliminar el problema de raíz de los agentes antes de que sea demasiado tarde.

La confidencialidad “complica mucho que el público sepa con quién está lidiando y saber mejor si su departamento o cualquier agente en particular es un «asesino uniformado» que querrían en las calles”, comentó David Harris, profesor de leyes de la Universidad de Pittsburgh y que estudia el comportamiento policial.

Mientras Estados Unidos analiza formas para reformar a los cuerpos policiales estadounidenses tras las protestas, muchas de ellas violentas, que surgieron a nivel nacional después de la muerte de Floyd en Minneapolis, los datos de las denuncias son una forma de monitorear y corregir a los agentes problemáticos y probablemente evitar eventos de brutalidad más graves.

Los defensores de la policía argumentan que retener acusaciones es necesario para proteger la privacidad de los agentes y mantenerlos seguros. Los sindicatos

policiales han luchado a favor de la confidencialidad en negociaciones contractuales y legislaturas estatales. En algunos casos, los registros son eliminados sólo dos años después.

Sin embargo, las organizaciones antirracistas y por los derechos civiles alegan no sin razón, que estos mecanismos tienen por objeto encubrir la brutalidad policial enraizada en la sociedad norteamericana.

Un historial tenebroso de violaciones de los derechos humanos

Entre las 348 recomendaciones hechas por el CDHNU a Washington, pide en su informe que ponga fin a la detención policiaca de niños y familias inmigrantes y que abra pesquisas a partir de los datos conocidos sobre las torturas practicadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

El informe forma parte del mecanismo de revisión periódica universal de la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El informe incluyó numerosas y apropiadas recomendaciones para abordar la brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza, así como para poner fin a la discriminación racial contra las minorías y los inmigrantes.

EE.UU. ya ha sido blanco de las críticas del CDHNU por sus infracciones a los derechos humanos. Se le imputaron a Washington la extensión de la brutalidad policial, la injusticia racial, la retención de presos al margen de toda ley en la ocupada bahía de Guantánamo y la persistente aplicación de la pena capital.

El amplio dossier presentado hace “numerosas y apropiadas recomendaciones para abordar la brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza, así como para poner fin a la discriminación racial contra las minorías y los inmigrantes”, escribe Dakwar sobre el informe.

El miembro de ACLU estima que la publicación del CDHNU representa una diáfana muestra de desconfianza en el respeto de los derechos humanos por EE.UU.  “Demuestra con claridad que a EE.UU. le queda mucho camino por recorrer para cumplir con sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos”, dice Dakwar.

Por su parte China publicó no hace mucho un informe en el que registra la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, en respuesta a los constantes informes del país norteamericano sobre las prácticas de otros países en esa materia.

El informe titulado «Registro de derechos humanos en Estados Unidos» fue publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China y en él se rechaza que EE.UU. se presente como «juez de los derechos humanos», pese a que aún le queda mucho por resolver en ese ámbito como nación.

En EEUU mueren alrededor de 11.000 personas anualmente por arma de fuego. Según cifras del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en 2016 se usaron armas en un 73,3 % de los asesinatos, un 47 % de los robos y un 31,8 % de las agresiones graves. En ese país son muy comunes los tiroteos en lugares públicos como universidades, cines, plazas, hospitales, debido, entre otras cosas, a la facilidad del acceso del armamento.

En los últimos años, los afroamericanos han sido víctimas de asesinatos raciales. En febrero de 2012 fue asesinado en Sanford, Florida, el joven Trayvon Martin, de 17 años por un guardia de seguridad que lo consideró «sospechoso». El 30 de abril de 2014, el policía Christopher Manney disparó 14 veces contra Dontre Hamilton, de 31 años, quien estaba desarmado. En julio, Eric Garner, de 43 años, murió luego de ser estrangulado por el policía blanco Daniel Pantaleo. Un mes después, el agente Darren Wilson asesinó al joven estadounidense Michael Brown, de 18 años, en Ferguson, Missouri, San Luis.

En septiembre, funcionarios de la policía de Utah, asesinaron de seis disparos al afroamericano Darrien Hunto, de 22 años de edad. Tamir Rice, de 12 años, fue tiroteado por la Policía en Cleveland, estado Ohio (norte), cuando el niño se encontraba en un parque de la ciudad y sacó una pistola de juguete. Y luego fue asesinado Antonio Martin, de 18 años de edad, por agentes de la Policía en la región de San Luis, cerca de Ferguson.

ONU condena racismo y brutalidad policial en los EE.UU.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se encuentra realizando un “debate urgente”, convocado por países africanos para analizar el racismo sistémico en Estados Unidos.

Los Estados africanos miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentaron un proyecto de resolución que, de ser aprobado, plantearía la apertura de una pesquisa sobre las violaciones masivas de los derechos humanos de los afroamericanos en Estados Unidos y de casos similares en otros países, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH-ONU).

La iniciativa condena las “prácticas racistas, discriminatorias y violentas perpetradas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley contra los africanos y las personas de descendencia africana y el racismo estructural endémico del sistema judicial de Estados Unidos y otras partes del mundo”.

Representantes de varias naciones, entre las que se encuentran Seychelles, Cuba, Suecia, Jordania, Alemania y Dinamarca, ya han intervenido en la reunión.

Se reitera la condena a las expresiones de violencia racialmente motivadas, y se respalda el llamamiento de acción al CDH-ONU.

Al reanudar su 43 sesión, suspendida durante tres meses por el coronavirus, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió realizar un debate especial sobre el racismo y la violencia policial.

Burkina Faso había pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, un debate urgente sobre el racismo en nombre de las naciones africanas.

Más de 600 organizaciones no gubernamentales hicieron lo propio.

“La muerte de George Floyd, lamentablemente, no es un incidente aislado”, señaló Dieudonné Désiré Sougouri, embajador de Burkina Faso ante la ONU.

La violencia policial es la sexta causa de muerte entre los jóvenes afro estadounidenses. De acuerdo con un estudio elaborado por las universidades de Michigan, Rutgers y Washington, estos tienen 2,5 veces más posibilidades de morir a manos de la policía que sus coetáneos blancos.

Por su parte, Pedro Luis Pedroso, representante permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, condenó hoy el flagelo del racismo y la xenofobia que se mantienen aún en pleno siglo XXI en la inmensa mayoría de los países del mundo.

Durante su intervención en la XLIII Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el diplomático cubano reiteró la necesidad de implementar el Programa de Acción de Durban, establecido en la Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001 en esa ciudad sudafricana, con el objetivo de adoptar las acciones que permitan alcanzar la igualdad entre los pueblos.

Según publica el propio Pedroso en su perfil oficial en Twitter, en su participación también denunció las acciones violentas cometidas contra la comunidad afro descendiente, sobre todo el caso del norteamericano George Floyd, asfixiado por un policía blanco en Minneapolis el pasado 25 de mayo.

“El abominable asesinato de George Floyd no es una acción aislada. La realidad es que el racismo y la violencia policial contra los afros descendientes y las minorías no son excepciones o errores de ese sistema. ¡Son el sistema!”, declaró el embajador antillano.

Al respecto, Tendayi Achiume, Relatora Especial de la ONU, expuso en el debate las profundas fracturas del sistema legal norteamericano, las cuales sostienen y promueven el racismo imperante en ese país.

Sobre esta situación que vive el mundo hoy, Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro cubano de Relaciones Exteriores, escribió en la propia plataforma digital que “en un mundo cada vez más desigual y complejo, debemos luchar contra las violaciones de DDHH basadas en el color de la piel y origen étnico”.

El ejemplo de Cuba se contrapone a esta horrenda realidad

Como se observa, la brutalidad policial contra los afroamericanos, latinos y otras minorías en los EE. UU no es nada nuevo.

El gobierno de Estados Unidos habla mucho de las violaciones a los derechos humanos en otros países, pero no se trata mas que de pura hipocresía, porque en su propio país se violan masivamente estos derechos, así como en su política exterior.

El autoproclamado líder del mundo exige el respeto de los derechos humanos para el planeta, en cambio hace la guerra, viola tratados internacionales, pisotea los derechos humanos hasta de sus mismos ciudadanos y de otros países.

En contraposición con esta horrenda realidad, Cuba, a pesar de ser un país pobre y subdesarrollado sobre el que se ejerce desde hace más de 60 años un genocida bloqueo económico, ha ponderado el derecho al desarrollo, a la vida, a la alimentación, al empleo, a la educación, la salud, los derechos de las mujeres de los niños y en sentido general los de todos los habitantes del planeta.

Como expresara el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, al presentar en Ginebra, Suiza, el informe nacional de la Isla al tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas:

La protección del derecho a la vida en Cuba se ha mantenido como la mayor prioridad. Se garantiza con el reconocimiento del derecho, a la integridad física y a la inviolabilidad de la persona; el cumplimiento de las garantías del debido proceso; y nadie es privado de su libertad sino conforme a la ley y con amplias garantías.

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley realizan su labor con apego a la legalidad, y están sujetas a rigurosos procesos de control y al escrutinio popular.

No hay impunidad ante los muy pocos casos de abusos por funcionarios o agentes del orden, ni leyes o reglamentos que la amparen.   

No hay venta ni tráfico de armas de fuego. Las tasas de homicidios son muy bajas lo que contribuye a que sea uno de los países más seguros del mundo.

Además, son incuestionables los resultados alcanzados en nuestro país  en la salud y la educación, el desarrollo logrado por la mujer cubana, el bienestar de nuestros niños, sobre la base de valores de igualdad y bienestar colectivo, lo que muestra que no basta con el reconocimiento, la promulgación y ofrecimiento de los derechos mencionados desde el punto de vista constitucional, sino que las garantías materiales de los mismos son las que en última instancia consolidan la obtención real de la dignidad plena del hombre.

fin

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